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Minutos antes de la hora fijada para el inicio, la jueza de Garantía, Natalia Lazarte Otero suspendió la audiencia de control de acusación a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

Ayer, Ramírez pidió a través de uno de sus abogados, Ramiro Rubio y respaldado por un certificado médico, que se reprograme la audiencia para el 29 de mayo a las 9.

En un principio, Lazarte Otero, hizo lugar a la solicitud, pero la Fiscalía de Estado presentó un recurso de revocatoria porque entendía que la resolución carecía de “suficiente sustento objetivo y lesiona principios procesales esenciales como la celeridad, continuidad del proceso y buena fe procesal”.

Ante eso, la magistrada dio marcha atrás con la decisión y ordenó que la instancia judicial se realice este martes previendo la participación online de Ramírez. Sin embargo, durante la mañana Rubio presentó una apelación insistiendo en los problemas de salud y la intención de presenciar esa instancia judicial.

Lazarte Otero determinó nuevamente la suspensión y ahora el Tribunal de Impugnaciones deberá pronunciarse concretamente sobre esa audiencia.

La funcionaria de Alberto Rodríguez Saá está imputada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública.

“Es una audiencia muy importante porque es la formalización de una acusación. Esto significa que es el cierre de una etapa de investigación donde se consolida la teoría del caso, es decir, la investigación que venimos planteando en Fiscalía de Estado y que comparte la Fiscalía del Poder Judicial que Ramírez efectivamente cometió un acto de corrupción”, afirmó el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón.

El abogado planteó que “claramente se ven frustrados los intereses tanto de la Justicia como de la fiscalía de Estado y de la sociedad en general. Una vez más burlada la gente y la sociedad en esta espera de que la Justicia efectivamente resuelva o mínimamente investigue un hecho de corrupción como este”.

Calderón Salomón consideró que existe un “denominador común” en cómo actúan los ex funcionarios denunciados por corrupción. Tuvo en cuenta que el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini también presentó certificados médicos para suspender audiencias. Y también en la causa del Molino Fénix en Villa Mercedes.

“Por lo general, cuando una persona es inocente, tiende a que sus abogados rápidamente resuelvan el caso para aclarar a la sociedad que efectivamente ellos no cometieron tal ilícito. Sin embargo, en estos casos lo que vemos es que constantemente se suspende, se busca ganar tiempo, y lo que deja mal parado es a la Justicia”, sostuvo.

En esta audiencia, la jueza determinaría si elevaba la causa a juicio y que pruebas llegarían a esa instancia.