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Luego de tres jornadas de juicio oral, el viernes la Justicia condenó a Paola Tonelli y Augusto Toledo a cuatro años de prisión por falsificar certificados médicos en San Luis. Los documentos apócrifos, que llevaban la firma de diferentes profesionales, eran comercializados a través de las redes sociales. En la misma sentencia, quedó absuelta Graciela Apaza Señani, quien había sido implicada por la impresión.

“Entendemos que no ha ingresado prueba válida al debate oral. Todo lo que se reprodujo no podría haber ingresado nunca. El Ministerio Público Fiscal intentó todo el tiempo meter pruebas por la ventana, como se dice vulgarmente”, sostuvo el defensor de Tonelli y Toledo, Federico Farías.

La fiscalía, a cargo de Virginia Palacios, había requerido siete años de cárcel. El Tribunal, integrado por José Luis Flores, Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis, entendió que la pareja incurrió en los delitos de falsificación de instrumento privado y defraudación a la administración pública provincial y determinó la pena de cuatro años.

A lo largo del juicio, Farías reclamó por la falta de documentación sobre el material secuestrado en los allanamientos que realizó la Policía en los hogares de los imputados. Solicitó que las pruebas no fueran consideradas bajo el argumento de que se perdió la cadena de custodia.

“No solamente no estaban las actas, sino que no estaba la orden judicial del juez competente que ordenaba el allanamiento en los domicilios de mis defendidos. Entonces se expuso en la sala de debate oral evidencia que supuestamente había sido recolectada en los allanamientos, pero ¿cómo sabemos si son o no los que habían sido realmente secuestrados ahí?”, cuestionó el abogado en declaraciones a El Chorrillero.

En ese momento y tras el planteo, los jueces determinaron que la fiscal sí podía exhibir el material cuando los testigos dieran una descripción previa. “Iba a quedar a criterio del Tribunal después si lo tenía en cuenta para dictar una sentencia o no. Evidentemente lo han tenido en cuenta, por eso nosotros entendemos que eso no puede suceder y lo mismo lo planteamos en la audiencia”, planteó Farías.

En ese escenario, consideró que se trató de “una sentencia totalmente arbitraria e ilegal”. Y adelantó que tras conocer los fundamentos interpondrá recursos de inconstitucionalidad de la sentencia y de casación.

Finalmente, transmitió que los ahora condenados están “muy shockeados”: “Entienden que ha sido una condena muy alta y sobre todo que no se han presentado los elementos de prueba suficientes para condenarlos”.