A casi 80 días de formalizado, el pedido de investigación penal por la emisión de 97 certificados médicos psiquiátricos por 2989 días a empleados públicos está en punto muerto.
La parálisis fue el disparador de una solicitud con habilitación de día y hora. La Fiscalía de Estado, promovió medidas de prueba para que se avance en la demanda iniciada luego de que el Gobierno en sus controles internos habituales detectara certificados emitidos por Franco Mastronardi por una gran cantidad de días y con diagnósticos similares e idénticos.
El profesional integra el Cuerpo Médico Forense y es funcionario del Poder Judicial. La oficina de prensa judicial respondió anteayer que la consulta de El Chorrillero sobre la situación del profesional que está bajo sumario fue trasladada al área correspondiente. Hasta la publicación de este despacho el Poder Judicial no respondió la inquietud.
De ese modo se busca determinar la existencia de certificaciones presuntamente irregulares expedidas por Mastronardi, establecer la situación del profesional en el Poder Judicial y verificar en la Dirección Nacional de Migraciones si la empleada (ya despedida de la administración pública) que fue diagnosticada con el cuadro agorafobias salió del país y volvió.
La batería de requerimientos incluye libramientos de oficios a la Policía de San Luis, la Municipalidad de San Luis, La Municipalidad de La Punta y la Universidad Nacional de San Luis para que informen si en sus registros tienen certificados emitidos por el psiquiatra. También se solicitó que se notifique a la Cámara de Comercio para que consulte a los negocios afiliados a la institución y a la Dirección de Escuelas Privadas y Autogestionadas del ministerio de Educación para que haga lo propios con los establecimientos.
La Fiscalía de Estado propuso que se cite a prestar declaración testimonial a la subdirectora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda Amestoy y a la psicóloga Belén Carduner de la Junta Médica de la Dirección de Relaciones Laborales.
En relación a Mastronardi puntualmente se pidió que la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial conteste si reviste calidad de funcionario o contratado; horarios y modalidad de prestación de servicios; si posee bloqueo de matrícula por incompatibilidad funcional; si existen antecedentes disciplinarios o sumarios administrativos y que se remita el legajo completo
La Fiscalía de Estado quiere que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y ARCA informen si el psiquiatra se encuentra inscripto como contribuyente, la actividad, las categorías tributarias y si registra actividad económica declarada como profesional médico psiquiatra en el ámbito privado.
Antecedente en el Estado y las consecuencias
El 13 de junio Paola Tonelli y Augusto Toledo fueron condenados a cuatro años de prisión por organizar, confeccionar, distribuir y comercializar certificados médicos truchos. El veredicto de la Justicia llegó luego de que el Gobierno investigara y denunciara que al menos 100 empleados estatales justificaron inasistencias con documentos falsos comprados a la pareja. Esos agentes fueron echados de la administración pública.
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