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Este miércoles se concretó una audiencia en el Tribunal de Impugnaciones de San Luis para tratar un recurso de nulidad que presentó la defensa de la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Sus abogados, Marcos Juárez y Ramiro Rubio apelaron a la elevación a juicio de la causa que la tiene como imputada por delitos de corrupción durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El 29 de mayo, la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, ordenó la elevación a juicio de la causa donde está acusada por 188 transferencias que realizó en su rol de secretaria de Deportes y presidenta del Ente Deportes al San Luis Fútbol Club (SLFC), del que también estaba al frente. Y por la adquisición de un colectivo para la institución, con un sobreprecio de más $175 millones, días antes de dejar el cargo.

La audiencia se realizó este miércoles.

El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí enmarcó los hechos en los delitos de negociaciones incompatibles con la función, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes.

En esa instancia, la defensa planteó la nulidad bajo el argumento de que por peculado no se le habían formulado cargos y eso violaba el derecho de defensa. Sin embargo, la jueza lo rechazó porque no hubo cambios en la plataforma fáctica y porque el delito había sido sindicado desde un inicio por la querella, a cargo del jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.

Esto último ahora fue planteado ante el Tribunal de Impugnaciones, integrado por Yanina del Viso, Laura Molino y Jorge Sabaini Zapata.

El fiscal Francisco Assat Alí y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz.

En su fundamentación, Rubio insistió en que la incorporación del delito (en lugar de malversación de caudales) “modificó la calificación del hecho y se vulneran garantías constitucionales”. Subrayó que se “agrava su situación procesal” porque ya no está acusada de desviar fondos sino de robarlos.

El defensor también hizo cuestionamientos a la cantidad de transferencias que se le imputan en el triple rol que desempeñaba. Si bien en la formulación de cargos, la Fiscalía contabilizó 276, en la elevación la cifra fue reducida a 188.

Por su parte, Juárez se detuvo en la violación del principio de congruencia. Expuso que se trata de dos hechos delictivos distintos al igual que la pena en expectativa y que por eso Ramírez “tiene que dar respuesta a las acusaciones”.

La defensa de Ramírez.

Sostuvo que en la audiencia de control de acusación se “amplió y modificó la imputación” y también los hechos en relación a las transferencias. “Se encuentra violado el derecho de defensa”, reiteró.

Ante esto, Assat Alí pidió al Tribunal que se rechace el recurso por inadmisible. Y en el caso de que los jueces avancen en tratar la apelación, solicitó lo mismo por considerar que no están argumentados los agravios planteados por la defensa.

Explicó que el delito de peculado estaba en conocimiento de Ramírez desde la formulación de cargos, cuando fue expuesto por la querella. Agregó que la calificación fue provisoria y pudo mutar a lo largo de la investigación, y que la reducción de la cantidad de transferencias no modifica la base fáctica.

Santiago Calderón Salomón.

En el mismo sentido, hizo alusión a la acusación (previa a la audiencia de control) donde la fiscalía de Estado volvió a introducir el peculado.

“La defensa no ha podido acreditar ninguna violación al derecho de defensa ni al debido proceso”, sostuvo.

En concordancia se pronunció Calderón Salomón, quien afirmó que el Ministerio Público Fiscal cumplió con el principio de legalidad a lo largo de la investigación.

Asimismo, consideró que el recurso presentado “demuestra que el objetivo claro de la defensa es retrasar el proceso”. Por eso también pidió al Tribunal el rechazo del planteo.

Del Viso comunicó que resolverán, en el plazo estipulado de 10 días, por escrito.

De esta manera, la causa contra Ramírez está paralizada. Primero deberá pronunciarse Impugnaciones y en base a esa decisión, la elevación a juicio será ratificada o tendrá que volver a realizarse.