El Superior Tribunal de Justicia despidió al médico psiquiatra Franco Mastronardi a raíz del grave escándalo que estalló, tras la revelación de El Chorrillero de San Luis, en el seno de Tribunales al conocerse que el especialista había emitido 97 certificados médicos psiquiátricos por 2989 días a empleados públicos en los que adujo que padecían diversas patologías y no podían concurrir a sus puestos de trabajo habituales.
Según el comunicado que distribuyó la oficina de prensa judicial “el Superior Tribunal de Justicia, en conformidad con lo dictaminado por el Procurador General Subrogante, Ernesto Lutens, resolvió aplicar al Dr. Franco Mastronardi, integrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial de San Luis, la sanción de cesantía (art. 23 inc. 6, de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, N° IV-0086-2021), por infringir las disposiciones del artículo 15 inciso 4 y artículo 22 inciso 1, de la citada normativa”.
A partir de las actuaciones internas de los organismos competentes del Gobierno provincial y en particular del ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia el 8 de abril.
En esa primera mirada advirtieron la enorme cifra de textos rubricados por el psiquiatra. La Fiscalía de Estado solicitó el último martes una serie de medidas para que se apure la intervención de la Justicia dada la gravedad de las irregularidades. Se había detectado, entre otras cosas, que una empleada diagnosticada con agorafobia (un trastorno que corresponde al miedo o la ansiedad excesivos frente a situaciones en lugares públicos o que tengan una gran multitud y no poder huir o recibir ayuda, causando el surgimiento de crisis de pánico, falta de aire, sudoración excesiva o desmayos) se encontraba de viaje en Europa.
La batería de requerimientos de la Fiscalía abarcó pedido de oficios a la Policía de San Luis, la Municipalidad de la ciudad de San Luis, la Municipalidad de La Punta y la Universidad Nacional de San Luis, para que informaran si en sus registros tenían certificados emitidos por el psiquiatra. También pidieron notificar a la Cámara de Comercio para que consulte a los negocios afiliados a la institución y a la Dirección de Escuelas Privadas y Autogestionadas del ministerio de Educación para que hiciera lo propio en las escuelas. A su vez, a la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial se les consultó si Mastronardi era funcionario o personal contratado; sus horarios y modalidad de trabajo, si posee bloqueo de matrícula por incompatibilidad funcional, si tenía antecedentes disciplinarios o sumarios administrativos y exigió les enviara el legajo completo del médico.
Si bien el auto interlocutorio del Superior Tribunal señala que Mastronardi fue eyectado a partir de un sumario iniciado en su momento, lo que quedó claro es que la abrupta salida es por el escándalo de las licencias médicas que otorgó casi como pan caliente a decenas empleados estatales de la provincia. El 2 de septiembre de 2024 se abrió el sumario al profesional y recién el último miércoles 25, al tomar estado público la denuncia de Fiscalía de Estado, los cortesanos firmaron la cesantía. En el periódico judicial de hoy se publicó la medida y la resolución.
Un antecedente en el Estado que salió muy caro
Paola Tonelli y Augusto Toledo fueron condenados a cuatro años de prisión por organizar, confeccionar, distribuir y comercializar certificados médicos truchos a empleados públicos.
El Gobierno había detectado que la pareja se dedicaba a la venta de certificados a agentes estatales y realizó la denuncia ante la Justicia que dictó la sentencia el 13 de junio. La consecuencia para unos 100 trabajadores fue el despido.
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