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Durante bastante tiempo, una organización narco funcionó con total impunidad desde la celda número 5 de la Unidad 1 del Servicio Penitenciario de San Luis. El hombre que daba las órdenes era Rafael Dante Churquina, un interno que purgaba una condena por abuso sexual y, en paralelo, dirigía una red dedicada al tráfico de estupefacientes, lavado de activos y corrupción. La causa no sólo permitió desarticular la banda, sino que también dejó al descubierto las graves irregularidades en el manejo del sistema carcelario durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El 31 de agosto de 2023, la PSA interceptó en Jujuy una remesa de 5,264 kilos de cocaína que iban rumbo a San Luis, previo paso por Córdoba. La droga había sido comprada en Bolivia y cruzada por el paso fronterizo de La Quiaca. En el operativo, realizado en la calle Lisandro de la Torre de San Salvador de Jujuy, detuvieron a Marcelo Leyes, uno de los miembros clave de la organización, con cinco paquetes rectangulares ocultos en un morral.

La causa inició el 13 de abril de 2023, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) informó a través de una nota a la Justicia Federal que Churquina, encontrándose detenido en la Penitenciaría, coordinaba y financiaba su propia organización dedicada a la venta de sustancias a través de distintos locales. Ese fue el punto de partida para una investigación independiente. Para eso se abrió una causa y se delegó en el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia dispuso la intervención telefónica del recluso, lo que permitió vincular varios domicilios y personas que realizaban actividades en su nombre. Entre otras cosas, el análisis reveló que estaba “reuniendo una serie de personas de su confianza con el fin de blanquear un elevado capital monetario” cuyo origen estaba asociado al narcotráfico.

La audiencia se realizó en el Tribunal Oral Federal.

Además de las escuchas, los efectivos realizaron un seguimiento de los implicados. Esto permitió identificar la comercialización que iban a realizar en agosto en Bolivia, y el rol que tenía cada participante.

El miércoles, parte de la banda llegó a juicio abreviado. Al Tribunal Oral Federal fueron conducidos Churquina, Leyes, Lorena Beatriz Ramallo, Milagros Simioli Inzirillo, Jorge Ángel Orozco, Mario Andrés Ojeda, Javier Arnaldo Martiranía y Lucrecia Valdez.

La ruta de la cocaína: desde Bolivia hasta San Luis

“Quedó claramente acreditado durante la investigación cuál fue la organización previa de este transporte ideado por el señor Churquina con sus contactos en el norte y materializado por el señor Leyes”, aseguró durante la audiencia.

La maniobra comenzó el 25 de agosto de 2023, cuando Leyes visitó en la cárcel a Rafael Dante Churquina, quien le dio las instrucciones para concretar el viaje. Ese mismo día, Leyes compró un pasaje, viajó a Córdoba y luego a Jujuy, donde llegó el 27 de agosto. Desde allí se dirigió a La Quiaca y cruzó a pie el paso fronterizo con Villazón, Bolivia.

La detención de tres integrantes en Jujuy.

Toda la secuencia fue monitoreada en tiempo real por la PSA mediante escuchas telefónicas e intervenciones de campo. Tras esa primera incursión, Leyes regresó a San Salvador de Jujuy para esperar la llegada de Milagros Simioli Inzirillo, quien debía entregarle el dinero para la transacción.

Simioli Inzirillo había recibido unos 12.500 dólares en Villa Mercedes de manos de Ramallo, por indicación directa de Churquina. Desde allí repitió el mismo itinerario: viajó a Córdoba y luego a Jujuy, donde se encontró con Leyes el 29 de agosto y le entregó el dinero. Inmediatamente después, Leyes volvió a cruzar hacia Villazón.

El 30 de agosto, ya de regreso en Jujuy, se produjo una reunión cerca de la terminal de ómnibus, donde el hombre recibió un morral con cinco paquetes envueltos en papel film y nylon beige. Al día siguiente, mientras caminaba por calle Lisandro de la Torre, entre Coronel Pérez de Uriondo y Coronel Iriarte, fue interceptado por los agentes de la PSA.

Leyes llevaba un morral con más de cinco kilos de la sustancia.

“El señor Churquina estaba detenido, pero tenía acceso irrestricto a teléfonos. Desde allí organizó, coordinó y financió toda la operación”, remarcó Rachid.

Las pruebas que sustentan este bloque delictivo incluyen escuchas telefónicas obtenidas entre junio y agosto de 2023, registros documentales y seguimientos realizados por la fuerza federal. También se sumó el testimonio del propio Churquina en una declaración anterior, donde confirmó parte del funcionamiento interno de la banda.

Un dato revelador fue el listado oficial de visitas que recibió Churquina entre enero y septiembre de 2023. Según Rachid, ese registro fue alterado deliberadamente por los penitenciarios para suprimir las visitas de miembros clave de la organización, como Leyes y Simioli, incluso aquellas que fueron seguidas en tiempo real por la PSA, como la del 25 de agosto. En ese periodo, el único ingreso asentado en los libros es el de Lucrecia Valdez, imputada y madre de una hija del recluso, cuyas visitas se anotaron solo en abril y mayo.

Hubo múltiples allanamientos en Villa Mercedes.

La maquinaria del lavado: vehículos, préstamos y bienes a nombre de terceros

La organización criminal no se limitaba al narcotráfico. También tenía una estructura montada para blanquear el dinero proveniente de la droga. En este segundo bloque de acusaciones, el fiscal explicó cómo Churquina, junto a Ramallo, Simioli Inzirillo, Valdez y Martiranía, articuló una compleja red de lavado de activos.

Durante la investigación se identificaron dos grandes grupos de maniobras: por un lado, la compraventa de motos y autos de mediana y alta gama, junto con equipamiento comercial; y por el otro, el otorgamiento de préstamos en efectivo a través de una especie de financiera informal. Un local comercial en calle Presidente Perón y Remedios de Escalada, en Villa Mercedes, funcionaba como base de operaciones. Allí se secuestraron 25 motocicletas sin patentar, seis bicicletas nuevas, electrodomésticos industriales, contadoras de dinero, y otros bienes comerciales.

Un local comercial en calle Presidente Perón y Remedios de Escalada, en Villa Mercedes, funcionaba como base de operaciones.

“Estas operaciones eran coordinadas por Churquina desde su celda. Él organizaba y supervisaba cada paso”, sostuvo el fiscal. Dentro de esa estructura, Valdez y Martiranía tenían roles de recaudación y traslado físico del dinero, mientras que Ramallo y Simioli eran administradoras, ejecutaban las indicaciones del líder y formalizaban operaciones tanto a su nombre como a través de testaferros.

Uno de esos posibles testaferros sería Marcelo Churquina, hermano del imputado principal, titular de al menos nueve vehículos que la Justicia considera ligados a la organización. Uno de ellos, una Ford Ranger, fue vendido luego al penitenciario Mario Ojeda y hallado en la casa de Ramallo. Otro, un Ford Focus, también vinculado a Ojeda, fue secuestrado en el domicilio de Simioli Inzirillo. “Esto muestra claramente el cruce de funciones entre los miembros de la organización y cómo los bienes circulaban entre ellos”, señaló Rachid.

Rafael Dante Churquina.

La causa también incluyó allanamientos en múltiples domicilios que reforzaron las acusaciones: desde el de Lucrecia Valdez, donde se hallaron registros diarios de préstamos y ventas a crédito, hasta el de la gestora Liliana Ortiz, otra supuesta colaboradora. En el domicilio de Rubén Muñoz, sindicado como testaferro, la PSA encontró documentación que involucraba directamente a Churquina y que coincidía con los registros hallados en la celda número 5 del penal.

Además, se incautaron vehículos de alta gama, dólares, pesos en efectivo, y contratos de préstamo. El informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) aportó un respaldo técnico fundamental: los movimientos detectados cumplían con todos los criterios para ser considerados maniobras de blanqueo, en línea con los estándares internacionales.

Simioli Inzirillo, Ramallo y Valdez.

Celda VIP, sobornos y un sistema que miró para otro lado

La organización no podría haber funcionado sin la complicidad interna en el Servicio Penitenciario. El tercer y último bloque de hechos reconstruido por Rachid expone una maniobra de corrupción institucional que tuvo como protagonistas a Churquina, en la faz activa, y a los agentes penitenciarios Orozco y Ojeda, en la pasiva.

El descubrimiento de que una banda narco era comandada desde la cárcel fue un hecho sin precedentes en San Luis. Los detalles que se han ventilado evidencian que el jefe de la organización actuó con total impunidad y genera interrogantes sobre cómo pudo moverse sin que las autoridades del Servicio Penitenciario y  del ministerio de Seguridad del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá no advirtieran lo que pasaba.

La celda número 5 de la Unidad 1 del penal de San Luis se transformó en una verdadera oficina criminal. Allí, Churquina contaba con computadora, celulares, cuadernos con registros contables, biblioratos, una balanza de precisión y documentación sobre los bienes de la organización. Todo con el consentimiento de quienes debían custodiarlo.

Ojeda, Orozco y Leyes.

El fiscal explicó que hubo entrega concreta de dinero: en una de las escuchas, se oye a Simioli Inzirillo relatar cómo llevó 6 mil dólares al domicilio de Orozco, y cómo en otra ocasión él mismo se quejó porque no le habían facilitado una contadora de billetes y tuvo que contar “una gran cantidad de efectivo a mano”. También se detectaron entregas de vehículos como parte del pacto delictivo.

Pero tal vez la evidencia más contundente de la connivencia penitenciaria fue la omisión sistemática del registro de visitas. Entre enero y septiembre de 2023, el libro oficial sólo consigna las visitas de Lucrecia Valdez. No figura ninguna de las reuniones que sí pudieron comprobarse mediante escuchas y seguimientos policiales.

El delito de cohecho, en este caso, es doble: por el lado de quien ofreció las dádivas, y por el de los funcionarios que las aceptaron y traicionaron su deber. Fue esa corrupción penitenciaria la que permitió que una organización narco pudiera funcionar, crecer y expandirse desde el corazón mismo de una cárcel.

El juez Federal, Alberto Carelli.

Reconocieron su culpa y enfrentan duras condenas

Este miércoles, en una audiencia ante el Tribunal Oral Federal, ocho de los imputados aceptaron su responsabilidad mediante un juicio abreviado. Churquina recibió el pedido de pena más alto: 12 años de prisión y una multa de $10.125.000. Solo Daniel Becher y Efraín Cortez irán a juicio oral, previsto para el 28 de julio.

Además, se acordaron multas millonarias y el decomiso de vehículos, dinero en efectivo y bienes que fueron utilizados para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

“Yo soy totalmente responsable de la organización”, dijo Churquina ante el juez. “Me equivoqué de rubro. Soy comerciante, panadero, carnicero, hice todas las clases de negocio. Pero me enojé, me equivoqué y terminé en esto”, agregó, antes de admitir los hechos y dar su consentimiento al acuerdo.