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Por Marina Rubio

Nada. A siete meses del allanamiento del único asilo de adultos mayores que había en Justo Daract, bautizado por los medios y también por muchos vecinos de esa localidad, como el “geriátrico del horror” en el expediente iniciado por esa causa no hay nada que, hasta este estadio de la investigación, le indique a la fiscal Nayla Cabrera Muñoz, que en ese lugar puertas adentro se haya cometido al menos un delito. Eso le aseguró la representante del Ministerio Público Fiscal a El Chorrillero.

El puntapié que dio inicio a esa causa fue la denuncia de la última empleada que tuvo el lugar, Sheila Cuello. El 24 de enero la joven se presentó voluntariamente en la Comisaría 18° y denunció a sus empleadoras, la dueña de “Hogar luz de vida” y su hija de 25 años.

Quería poner al tanto a la Justicia de que allí golpeaban, amenazaban y hasta ataban a sus camas a sus residentes. Aseguró eso ante la única seccional policial que tiene la localidad y luego ante el fiscal instructor de Villa Mercedes, José Olguín. Semejante acusación motorizó el inmediato allanamiento del asilo. Policías, médicos, trabajadores sociales, el fiscal y su equipo requisaron hasta el último rincón de la residencia. Siete horas duró esa inspección.

El geriátrico del horror.

El procedimiento policial terminó con la demora de las dos mujeres denunciadas, esposadas y con el representante del Ministerio Fiscal espantado. Al menos eso transmitió su rostro, el timbre de su voz en ese momento, su agitación y las mismas palabras que eligió para describir lo que, según el, descubrió adentro. Ancianos hacinados, desnutridos, sedientos y hasta los trapos con los que eran amarrados a las camas.

El deterioro de la salud de esas personas, según él, era tanto que dos de ellos fueron internados en el Hospital de Justo Daract de inmediato. Todo eso contó ante el único medio de comunicación al que concede entrevistas. Estaba convencidísimo de que allí, por lo que acababa de ver, se había cometido no uno, sino varios delitos penales y que sus víctimas eran los ocho frágiles ancianos que ahí encontraron. Hasta dio a entender que algunos de ellos vieron a los policías como sus salvadores ese día, cuando entraron a sus dormitorios y los retiraron de la residencia.

A las pocas horas empezaron a circular por las redes sociales, en aplicaciones de mensajería y en los medios de comunicación fotos de algunos de esos jubilados atados a camas y audios de WhatsApp, con la voz de la dueña del lugar ordenándole a gritos a Sheila que les pegara a los jubilados. Hasta medios de televisión de Buenos Aires se hicieron eco de tan terrible denuncia.

Y también en cuestión de horas varios vecinos de Justo Daract, entre los que estaban los familiares de algunas de esas personas mayores, salieron a la calle a pedir justicia. En concreto, reclamaban cárcel para las propietarias del geriátrico. Marcharon por la avenida principal de la ciudad, la Hipólito Yrigoyen, justamente en la que está ubicada la residencia, que hasta hoy sigue clausurada.

Cuando el efecto agitador de ese bombardeo de información se desvaneció, apenas una semana después, nadie volvió a tocar el tema. Sheila, cada tanto, refrescaba el pedido de justicia a través de sus redes sociales con fotos y videos de los abuelos a los que atendió. Fue la joven quien puso al tanto que Mauro, mejor conocido como “Pepe”, uno de los abuelos que estaba internado, falleció cinco días después del dramático allanamiento. También confirmó que unas semanas más tarde murió la otra persona mayor que había sido llevada al centro médico, una mujer.

Uno de los ancianos falleció cinco días después del allanamiento.

Ningún pariente se acercó a los Tribunales de Villa Mercedes para preguntar sobre el curso de las averiguaciones. A pesar de que la comunidad se había escandalizado al ver que el día después del allanamiento las dueñas de “Hogar luz de vida” ya estaban de vuelta en las calles. La Justicia les permitió irse de la comisaría, porque ya no estaban más demoradas. Ni mucho menos nadie se allegó a la Fiscalía a aportar pruebas de que ese geriátrico era verdaderamente uno de terror.

Nadie. “Hay una realidad y es que los grupos familiares tampoco estuvieron muy presentes o estuvieron al tanto de la continuidad de la investigación. De hecho, en estos meses que transcurrieron jamás recibimos a nadie de todas las familias que están involucradas, nadie que viniera a consultar por esta causa”, remarcó la nueva fiscal a cargo.

La causa era una y ahora es otra

Antes de concederle la entrevista a este medio, Nayla Cabrera Muñoz, al frente de la Fiscalía en lo Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, dedicó una parte importante de la nota para subrayar que la causa “nunca estuvo frenada”, pero sí admitió que existió una demora propia de la migración de expedientes de una fiscalía a otra y la conversión de los legajos papel a formato digital.

Confirmó que la causa le fue remitida en marzo, cuando empezó a funcionar formalmente la fiscalía de la que está a cargo. La investigación del único geriátrico de Justo Daract dejó de estar en manos del fiscal Olguín, porque ya había un área de la Unidad de Abordaje Fiscal especializada en tratar delitos cometidos contra adultos mayores.

Nayla Cabrera Muñoz. (Foto redes Senado)

A la tardanza que implicaba la conversión de los expedientes de un soporte papel a uno digital, se le sumó el hecho de que los casos de los que tenía que hacerse cargo eran, en verdad, muchos y eso, naturalmente, los “tapa de trabajo”, dijo. Aclaró también que en ese tiempo de migración no corresponde que, por ejemplo, ella seleccione un expediente y empiece “a sumarle actuaciones” si todavía no le fue remitido en forma digital.

Sin embargo, señaló que aún sin que se completara esa conversión, de todas formas, le echaron un ojo al expediente. “Lo estudiamos, lo investigamos, o sea no estuvo frenado en ningún momento”, aseveró.

––¿Qué elementos había, en concreto, en el sumario que recibieron de parte de la Fiscalía 3? ––le preguntó la periodista.

––Estaba la carátula, una entrevista a una ciudadana, cuya mamá había fallecido, pero en octubre y de un ACV, y creo que había una entrevista más a una persona que decía que su mamá estaba en buenas condiciones de salud. Eso fue todo el soporte papel que recibimos––respondió la fiscal adjunta Julieta Moyano.

En un principio la Fiscalía de Instrucción Nº3, a cargo de José Olguín, tomó intervención en la causa.

Cuando se completó la conversión del expediente a soporte digital pudieron ver el resto de las actuaciones hechas durante la instrucción de Olguín, en su mayoría generadas durante el allanamiento. “Hay unas actas que se hicieron notificando que se había iniciado el expediente, después todas las entrevistas que se tomaron, que son las actas policiales, las de las dos personas demoradas, las actas de las revisaciones médicas de las personas, las entrevistas a las personas que ya dije y las fotos que son las que sacó Criminalística, del día del allanamiento”, detalló Moyano. Y, al instante, Cabrera Muñoz precisó que son fotos del asilo, pero que “no son las mismas imágenes que circulan en los medios”.

––¿Cómo eran esas fotografías? ––le consultó El Chorrillero.

––Tenían camas, estaban relativamente a una distancia la una de la otra. No hay una situación que uno pueda decir que existió hacinamiento y que eso sea lo que provocó un daño a la salud, un deterioro corporal o haya llevado a una muerte––contestó la fiscal instructora.

––¿No estaban las fotos que Sheila aportó?––repreguntó la cronista.

––¿A quién se los aportó?––consultó la letrada.

––A los medios de comunicación, ella misma los difundió a través de sus redes sociales ––contestó este medio.

––No. Por ejemplo, la nota que se subió el otro día (en El Chorrillero) que tiene una foto de, no sé cuántos eran, cuatro ancianos atados. Bueno, no hay una sola actuación en el expediente digital o papel que contenga esas fotos––aseguró Cabrera Muñoz.

En el geriátrico golpeaban, amenazaban y hasta ataban a sus camas a sus residentes.

La periodista le preguntó si en el sumario estaban los audios que la denunciante dio a conocer. La fiscal abrió grandes los ojos y le respondió: ¿qué audios? Los que fueron reproducidos hasta en Crónica TV, le refirió la cronista. Como la representante del Ministerio Fiscal nunca tuvo conocimiento de la existencia de esas grabaciones, este medio le señaló lo que decían.

“Cagale una cachetada al viejo, cagale una cachetada y, si es posible, atalo. Ahí tenés unas tiras, viste, atadas en la cama, atalo sino. Atale las dos manos. Haceme el gran favor, atale las dos manos”, fue uno de los audios de WhatsApp que la joven difundió, en los que se advierte claramente la voz de su empleadora. “Dejalo que se muera, viejo hijo de p… Si llego a ir yo, le voy a partir la jeta. Mirá”, decía otro.

––Y ahora que saben sobre su existencia ¿No van a llamar Sheila para pedirles los audios y fotos que facilitó? ––preguntó la periodista.

––Mi pregunta es ¿a quién se los facilitó? Porque cuando estuvo con el Ministerio Público Fiscal no puso a disposición nada––afirmó Cabrera Muñoz.

––Pero por más que no se los haya proporcionado al fiscal de manera voluntaria, no puede negar la existencia de esos audios y fotos ahora ¿Entonces, no se puede trabajar sobre eso?––planteó la cronista.

Moyano contestó que no es tan simple. Dijo que existen protocolos internacionales para la descarga de fotografías y audios. Además, indicó que para eso cuentan con un Departamentos de Delitos Complejos.  “Si tengo una foto en mi celular no la puedo pasar al expediente. Esa foto tiene que pasar por un filtro de veracidad, legalidad. Eso lo trabaja Delitos Complejos. Cuando vos traes un audio a cualquier expediente hay un medio. Yo no puedo agarrar algo de una red social y aportarlo a un expediente”, explicó la letrada. No funciona así.

La letrada dijo que Sheila denunció “malos tratos, golpes, que los ataban y la amenazaban”, pero no aportó evidencia. “Yo no le puedo decir a la denunciante ‘vos venís a denunciar, además entregá el teléfono y quiero ver todo lo que dicen tus redes sociales’. Tiene que existir también una colaboración ciudadana. Si a mí la denunciante no me dice que tiene audios, fotos y no los aporta nunca me puedo enterar de eso”, manifestó, por su lado, la fiscal instructora.

La denuncia que realizó Sheila Cuello generó una marcha en Justo Daract.

El Chorrillero preguntó, entonces, si el fiscal anterior le había solicitado ese material a la denunciante. “La Fiscalía anterior es la Fiscalía anterior. Olguín es Olguín y yo soy yo. La conversación que tuvo con Sheila no me consta. La investigación fue una en un momento y ahora es otra. Yo puedo hablar de lo que ingresa conmigo y lo que sigue para adelante, la visión que yo tengo de esta causa de acá en adelante”, remarcó Cabrera Muñoz.

Volvió a decir que en el expediente no hay ningún audio e insistió: “Esto es lo que me llama la atención, que hay todo un conocimiento de la causa por fuera, basada en evidencia que no hay en el legajo”. Los que sí constan en el sumario son los informes médicos que realizó el Cuerpo Profesional Forense, que revisó a los ochos residentes durante el allanamiento.

Tardaron un tiempo en estar listos esos estudios. Pero, una vez terminados, los especialistas concluyeron que “en cada uno de los pacientes que estaban ahí, no se constató ningún tipo de lesión, de hematoma, corte o lesión traumática que se corresponda con una situación de maltrato”, precisó la representante del MPF. En ese punto de la entrevista, Moyano intervino e hizo una salvedad: “Las únicas dos que estaban lastimadas eran dos personas que estaban en sillas de ruedas y las lesiones son compatibles con el uso de esas sillas, lesiones de desgaste por estar mucho tiempo apoyados los codos y los brazos”.

Cabrera Muñoz también señaló que en el expediente tampoco hay referencia a las muertes de los ancianos. “Pepe” murió cinco días después del allanamiento y una señora, unas semanas más tarde, le recordó la periodista. “Sobre eso no tenemos constancia de que haya acontecido. Mas allá de que mandamos ya las actuaciones para solicitar las historias clínicas, a partir de la defunción de dos personas, porque hubo una persona que murió sí, pero fue bastante tiempo después del allanamiento”, dijo la letrada, aunque la mujer falleció, en realidad, antes de cumplirse un mes del procedimiento policial.

De todas formas, la fiscal de instrucción remarcó que, hasta este punto de la investigación, no advierte para nada que dichas muertes fueran por responsabilidad o negligencia del asilo. “No hay un correlato. Eran personas que ya habían ingresado al geriátrico con antecedentes de patologías de salud propias de sus edades avanzadas”, explicó y expresó: “Cuando tenemos una situación no es ‘dos más dos es cuatro’. No es que pasaron por el geriátrico y, como el geriátrico no estaba bueno, fallecieron por culpa de eso. No. Muy probablemente sus deficiencias patológicas son las que originaron el posterior fallecimiento”.

Dijo que tampoco hay pruebas sobre una privación ilegítima de la libertad. “No tenemos constatado de ninguna manera que a ellos los ataran, que se le haya restringido el egreso al lugar habiendo una manifestación de que querían salir y no los dejaban o no los comunicaban con la familia o le interrumpían cualquier tipo de contacto con el grupo familiar”, aseguró la letrada.

Es más, Moyano aportó que sí cuentan con los testimonios de cuatro familiares de los residentes. Declararon “quién, cuándo y cómo los llevaron, el monto que se pagaba, cómo los trataban, los días y los horarios de visita, cómo los trataban cuando iban de visita y ninguno habló de que los vieran mal”.

Cabrera Muñoz aprovechó justo la mención que su colega hizo sobre las tarifas de “Hogar luz de vida” para decir que también averiguaron sobre el patrimonio de la encargada y si existió enriquecimiento ilícito de su parte “cobrándole un fangote de plata con ese negocio que tenía”. Tampoco hallaron pruebas que den cuenta de ese delito. “Tenemos las declaraciones de testigos que decían cuánto cobraba por mes y, la verdad, que te diría que era un monto bastante razonable, hasta casi bajo. Casi todos estaban en 350 mil pesos, uno solo llegaba a 900 mil y era el de mayor edad”, puntualizó Moyano.

El hogar "Luz de Vida" por dentro.

¿Cómo sigue ahora la causa?

La fiscal de instrucción contó que están a la espera de que el Hospital de Justo Daract y el policlínico regional de Villa Mercedes les remitan las historias clínicas de los residentes. No obstante, aclaró que “por tratarse de personas mayores de 70 años tal vez su estado de salud no será seguramente el ideal”.

También citó para el miércoles 13 a los familiares de todos los ancianos. Anticipó que si no se presentan a declarar, reprogramarán esas audiencias. “Pero, reitero, no deja de llamarme la atención que exigen justicia y justicia y después nadie viene al Ministerio Público Fiscal. Nadie colabora, nadie aporta, nadie viene”, subrayó.

Si de esas declaraciones y los informes e historias clínicas no resulta algún elemento que les indique que en “Hogar luz de vida” cometieron, al menos, un delito, la causa no tendrá otro destino que no sea el archivo. “Ojo, una causa se puede desarchivar en cualquier momento si el delito no está prescripto. Si algo nuevo surge, se volverá a avanzar y se investigará lo que corresponda”, explicó.

Sin embargo, quiso dejar bien en claro que, con toda la información que cuenta hasta el momento que, según ella, es mucha, no tienen pruebas para sostener una formulación de cargos. “Yo no puedo decir que adentro de ese asilo alguien dijo ‘portate bien o te voy a tirar al piso’, que sería una amenaza, porque no tengo forma de acreditarlo”, ejemplificó.

“Vamos a esperar las citaciones y si los testigos no nos aportan información que nos permitan cambiar de horizonte o tener algún tipo de información nueva ésta va a ser una causa que no va a pasar de una averiguación preliminar”, adelantó Cabrera Muñoz. Y, enfatizó que no podría llamar a formular cargos ni por amenaza, ni por privación ilegítima de la libertad, ni lesiones porque no tiene ningún tipo de lesión constatada, ni abandono de persona porque los ancianos recibían las visitas de sus familiares y hasta había empleados que trabajaban ahí. “Se me acaba el Código Penal”, expresó.

Dijo que, hasta ahora, lo único que puede advertir, en todo caso, es una irregularidad administrativa, porque el geriátrico figura a nombre de una de las hijas de la dueña del lugar y no de la propietaria en sí. También habrá que constatar si el geriátrico contaba con la habilitación comercial, pero ésa ya es otra área que no le compete y corresponde a la Municipalidad, aclaró. “Por ahora delito no hay, pero seguimos trabajando”, aseguró.