Lo que debía resolverse a finales de mayo, ocurrió finalmente este viernes por la mañana. Se pudo desarrollar la audiencia donde formularon cargos por el delito de peculado contra Francis Freixes, el hijo del ex ministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes. En concreto se lo investiga por el uso de vehículos del Estado para beneficio propio, según la teoría que expuso el Ministerio Público Fiscal.
Las averiguaciones para confirmar la posible comisión de delitos comenzaron cuando el Gobierno actual, a través de la Fiscalía de Estado, denunció las irregularidades. Las sospechas surgieron de un informe que hizo el ahora denominado ministerio de Desarrollo Productivo, que lo tiene a cargo Federico Trombotto. La denuncia fue por “fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
La nueva gestión advirtió que faltaban cinco vehículos que deberían estar bajo la órbita y el control de esa cartera, que anteriormente se llamaba ministerio de Producción y que estaba a cargo de Marcelo Amitrano.
Son cinco las personas involucradas por el mismo delito. Una no se presentó, por eso solo cuatro fueron imputadas hoy por el juez Alfredo Cuello (subrogante del Juzgado Nº 2). No hubo una comunicación previa sobre el desarrollo de esta audiencia a los medios. Pero el Periódico Judicial envió la información y una fotografía.
La audiencia que se realizó esta mañana. (Foto: Periódico Judicial).
Quedaron imputados Sofía Elizabet Aguilera y Jorge Humberto Cejas (en los términos del Art. 261 segunda parte del Código Penal Argentino) y Sergio Fabricio Olivares (en los términos del Art. 263 del Código Penal Argentino).
Freixes, Aguilera y Cejas eran funcionarios, mientras que Olivares se desempeñaba como trabajador del plan.
El Ministerio Público Fiscal, que estuvo representado por Maximiliano Bazla, relató que el hecho investigado ocurrió entre el 1º de marzo del 2021 y el 12 de diciembre del 2023, cuando los sospechosos estaban autorizados para conducir los vehículos que administraba la anterior gestión.
Bazla había pedido la formulación de cargos, hace poco más de dos meses, y para eso se fijó una audiencia para el 27 de mayo, que por planteos de la defensa no se hizo.
Los cinco imputados están acusados de cargar combustible, pero no para el servicio del Estado, sino “en beneficio propio o de terceros”. El fiscal sostuvo que las cargas se hacían a través de un convenio que el Gobierno provincial de ese momento había firmado con una estación de servicio ubicada en Buena Esperanza. Lo hacían a través de “un PIN de carga”, y con un doble sistema de control (que permitía identificar a la persona y al vehículo autorizado), cargaban combustible a los vehículos oficiales.
Se detalló que en el transcurso de la investigación se realizó una pericia contable a fin de determinar la cantidad de combustible expedida y su correspondiente gasto.
La defensa de los imputados, representada por Pascual Celdrán se opuso a la formulación de cargos y pidió que la situación de sus asistidos “sea analizada en un contexto de persecución política”.
Contó otra versión. Dijo que sus defendidos usaron los vehículos porque “cumplían tareas de acción social, en marco de las directivas que recibían oportunamente”, y no para beneficio propio.
Los cuatro imputados declararon. Freixes se refirió a las tareas que realizaba con un camión volcador en el Pueblo Ranquel, donde se “ejecutaron diferentes tareas de acondicionamiento, entre ellas el alambrado”. Pidió se realice una inspección ocular y se puso a disposición.
Olivares le contó al juez que si rol era manejar un utilitario para el traslado de niños a la escuela desde Nueva Galia a Buena Esperanza. En otras ocasiones, y a través de un programa del ministerio de Salud llevaba a mujeres a otros puntos de la provincia para realizarse controles médicos.
Cejas aseguró que no recordaba haber conducido los vehículos que son objeto de la investigación. Y Aguilera sostuvo que se “utilizaron siempre en beneficio de la comunidad y de acuerdo a las indicaciones que recibían de sus superiores”.
Los vehículos en cuestión son dos camionetas Ford Ranger; dos Ford Cargo-camión y un minibus Ivecco Daily. Con el avance de la investigación, durante allanamientos que ordenó la Justicia fueron recuperados en un galpón que le pertenecía a la Municipalidad de Nueva Galia, donde la intendenta es Diamela Ferixes, también hija del ex ministro.
Surge del expediente que Francis Freixes tenía bajo su responsabilidad los vehículos y también la carga de combustible en varios de ellos. La sospecha que referenció el Gobierno es que estos estaban a disposición de la familia. Y eso es lo que deberá determinar la Justicia.
También surge otro dato: cuando Sergio Freixes fue ministro asignó los vehículos para las gestiones que demandó una Fiesta del Caldén. Pero nunca más regresaron.
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