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La causa que investiga un presunto esquema de defraudación con fondos públicos en el Municipio del Pueblo Ranquel tendrá un punto de inflexión el próximo martes. Ese día, a las 9, la Justicia de Villa Mercedes realizará la audiencia de formulación de cargos contra Sergio Freixes, acusado por el delito de asociación ilícita junto a su esposa, Viviana Moreyra; su secretaria, Sofía Aguilera; y dos colaboradores, Arturo García Montani y Diego Lucero.

El expediente, impulsado por el fiscal Maximiliano Bazla, llega a esta instancia luego de que el Tribunal de Impugnación rechazara el último intento de la defensa por invalidar la pericia contable, pieza clave de la investigación. Con ese obstáculo despejado, el Ministerio Público Fiscal sostiene que cuenta con elementos suficientes para avanzar en la imputación formal.

Pero más allá de los nombres propios, la audiencia del martes vuelve a colocar bajo análisis el contexto político en el que se desarrollaron los hechos. La acusación ubica las maniobras entre abril de 2020 y diciembre de 2023, es decir, durante la etapa final de la gestión provincial de Alberto Rodríguez Saá, período en el que Freixes habría concentrado poder administrativo y financiero sobre la comunidad ranquel.

En ese marco aparece también la figura de Alberto Rodríguez Saá (h). Ambos —Freixes y el hijo del exgobernador— se autoproclamaron lonkos en septiembre de 2023, en una maniobra que la investigación judicial pone en duda. Según la causa, no existió una asamblea válida y las firmas que respaldaron esa designación habrían sido recolectadas de manera irregular, incluso después de concretados los nombramientos.

Esa autoproclamación no fue un dato menor. La condición de “lonkos” les otorgaba control sobre la administración de la comunidad, sus tierras —unas 66 mil hectáreas— y sus recursos económicos. Para la Fiscalía, ese fue un punto de inflexión en el presunto circuito de manejo discrecional de fondos.

El volumen de dinero bajo análisis es significativo: $669.696.011,61 que habrían sido administrados por Freixes durante ese período. Parte de esos recursos provenían de la coparticipación y de Aportes del Tesoro Provincial, mientras que otra porción surgía de la actividad agropecuaria y la venta de ganado del campo ranquel. La hipótesis acusatoria sostiene que esos fondos fueron derivados a cuentas bancarias y utilizados con fines personales a través de la sociedad El Relincho S.R.L.

Uno de los episodios más sensibles que releva el expediente ocurrió en los últimos días del gobierno provincial anterior. De acuerdo con la investigación, cuatro días antes del cambio de gestión, los autodenominados lonkos habrían gestionado una transferencia de 50 millones de pesos desde el Tesoro Provincial, en una decisión que hoy forma parte del núcleo de sospechas.

La causa se originó en marzo de 2024, cuando la Fiscalía de Estado denunció la existencia de una estructura organizada que, durante más de tres años, habría operado sobre los fondos del municipio ranquel. A partir de allí se incorporaron testimonios —incluidos los de 20 integrantes de la comunidad—, documentación administrativa, informes bancarios y registros patrimoniales.