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Por Astrid Moreno García Dione

El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, hizo lugar al pedido de la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, y prorrogó por otros 120 días la Investigación Penal Preparatoria en la causa por presunta corrupción que involucra a tres funcionarios de Alberto Rodríguez Saá: el ex ministro de Producción, Marcelo Amitrano; al ex secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich; y al ex comisario Marcelo Balbo.

El magistrado también dispuso mantener las medidas de coerción y cautelares patrimoniales impuestas en febrero: la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente el libro de imputados y la inhibición general de bienes y embargos preventivos.

En sus fundamentos, Maluf sostuvo que se trata de una investigación compleja, tanto por los hechos que se analizan como por la cantidad de personas involucradas. Explicó que aún resta incorporar evidencia proveniente de distintos organismos, entre ellos la Policía de la Provincia, la Municipalidad de Pueblo Ranquel, el ministerio de Producción, la secretaría de Transporte, el Parque Automotor y la empresa Menchini Hermanos SA, además de entrevistar al representante legal de esta última firma.

La fiscal agregó que la producción de las pruebas pendientes podría derivar en nuevas líneas de investigación y en la incorporación de otras medidas para profundizar el esclarecimiento de los hechos.

Extendieron la investigación por defraudación y peculado a los ex funcionarios Marcelo Amitrano y Sebastián Anzulovich. (Foto El Chorrillero)

Por su parte, la abogada de Fiscalía de Estado, Florencia Bustos Samperisi, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y respaldó la necesidad de continuar produciendo pruebas.

Al resolver, Flores Leyes consideró que las medidas de coerción ya habían sido analizadas en instancias anteriores y remarcó que se trata de las restricciones menos gravosas previstas por la legislación procesal.

En ese sentido, ratificó la obligación de los imputados de firmar el libro de control y la prohibición de salir del país al entender que son herramientas necesarias para garantizar su sometimiento al proceso mientras avanza la investigación.

También mantuvo la inhibición general de bienes y los embargos preventivos. Argumentó que la causa investiga un presunto perjuicio económico al Estado y que resulta necesario resguardar los fines del proceso ante una eventual condena o una reparación patrimonial.

La investigación

Los tres ex funcionarios fueron imputados en febrero por los delitos de peculado y fraude contra la administración pública en concurso ideal. La causa apunta a presuntas maniobras irregulares vinculadas al uso de vehículos oficiales y a la compra de combustible que, según la hipótesis fiscal, habría sido destinado a terceros.

De acuerdo con la acusación, la maniobra se habría desarrollado entre enero de 2022 y noviembre de 2023 dentro de la órbita del ministerio de Producción.

La investigación se centra en una camioneta Toyota Hilux, patente IAA 989, asignada a esa cartera y que, según la Fiscalía, registró 356 cargas de combustible durante ese período. Sin embargo, se sospecha que el combustible era destinado a otros vehículos particulares o no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico superior a los $20 millones.

La camioneta fue hallada en diciembre de 2023 en el domicilio de Balbo, fuera de funcionamiento, chocada y con el motor desarmado, pese a que las planillas oficiales continuaban registrando consumos.

Los planteos de las defensas

Carlos Bianchi Durán, abogado de Amitrano, no se opuso a la prórroga de la investigación, aunque remarcó que la incertidumbre que pesa sobre los imputados en materia penal no puede prolongarse de manera indefinida.

Por su parte, Ramiro Rubio, quien representa a Anzulovich junto a Marcos Juárez, tampoco objetó la extensión de la Investigación Penal Preparatoria, aunque sí cuestionó la continuidad de las medidas de coerción.

Extendieron la investigación por defraudación y peculado a los ex funcionarios Marcelo Amitrano y Sebastián Anzulovich. (Foto El Chorrillero)

El abogado sostuvo que el ex secretario de Transporte tiene arraigo en la provincia, actualmente trabaja para el Gobierno provincial y se presentó en todas las instancias judiciales en tiempo y forma.

Asimismo, señaló que las pruebas pendientes dependen de organismos estatales y que, por lo tanto, su defendido no tendría posibilidades de obstaculizar el proceso.

También afirmó que hasta el momento no se ha encontrado “evidencia contundente que tenga el peso suficiente para permitir vincular a Sebastián Anzulovich con la presunta comisión del ilícito investigado”.

Rubio aclaró que Anzulovich no tendría inconvenientes en continuar con la firma del libro, pero consideró excesiva la prohibición de salir del país y el embargo de una camioneta Amarok modelo 2012, medida que calificó como desproporcionada.

Por último, el abogado Roberto Bracco, defensor de Balbo y quien participó de manera virtual, adhirió al planteo de Rubio, reforzó el arraigo de su defendido y solicitó el cese de las medidas cautelares, al considerar que no habían sido incumplidas.

Finalmente, Flores Leyes hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que los tres imputados continúen sometidos a las medidas de coerción y cautelares patrimoniales por otros 120 días.