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La ex legisladora albertista, Anabela Lucero, su pareja y diputado Joaquín Beltrán, y el cuñado de ella, Exequiel Scarel no fueron a los Tribunales de Villa Mercedes este jueves a la audiencia donde iban a ampliarle los cargos por asociación ilícita. Hubo un pedido de suspensión, pero eso no prosperó. Presentaron certificados médicos a último momento que fueron desestimados por el juez. El Ministerio Público Fiscal lo interpretó como una maniobra para evadir a la Justicia, estirar o frenar el proceso, y pidió que se los declare en rebeldía, aunque eso después quedó abstracto cuando aparecieron. Los tres acusados terminaron conectados por el sistema web.

La investigación en esta etapa se profundiza en una red de asociación ilícita que utilizaba empresas fantasmas y facturas apócrifas para desviar fondos públicos mediante un sistema de cheques endosados. La información la aportó el fiscal José Olguín. Y precisó que se estima un perjuicio económico cercano a los 1.000 millones de pesos. Habló de un universo de 800 cheques investigados, e insistió en la falta de rendición y en la destrucción de pruebas.

Lo que promete la Fiscalía es una acusación seria que pondrá bajo la lupa a ex funcionarios provinciales encargados del control de los fondos y a los empresarios locales que cobraron los cheques de las empresas fantasma. Expone un fraude contable basado en esas empresas fantasmas que emitían facturas truchas y un circuito ilegal de cheques endosados cobrados por terceros (eludiendo la restricción estatal de cheques “no a la orden”).

Cuando el juez Santiago Ortiz comenzó la audiencia, solo se encontraba en la sala Diego Torres, uno de los cinco imputados, (desde marzo del año pasado) por delitos de corrupción, y las defensoras oficiales. Los abogados particulares, Esteban Bustos Bridaroli, y Gabriel Bracco, tampoco estaban. Estaba previsto que se trataran 11 planteos, entre ellos la ampliación de la formulación de cargos por asociación ilícita. Después Fiscalía introdujo otros tres.

Anabela Lucero y Joaquín Beltrán al final participaron vía web de la audiencia. (Foto: Nahuel Sanchez)

La Policía intentó notificarlos durante cinco días, pero hoy a último momento al juez le llovieron los certificados médicos.

Ortiz, sin embargo, avanzó y no hizo lugar a la suspensión de la audiencia (que expusieron los imputados ante la imposibilidad de estar presentes) por falta de carencia de acreditación en las constancias que fueron presentadas. Por eso brindó el link de conexión para que pudieran estar de manera remota.

El abogado de Anabela Lucero quiso justificar su falta porque tenía una audiencia en Río Cuarto; el representante de Beltrán padecía una bronquitis diagnosticada (no acreditada ya que fue emitida por un centro de salud privado); y Scarel y Enzo Lucero, también manifestaron (a través de sus defensoras) cuestiones médicas.

Después el magistrado autorizó la segunda prórroga de la investigación penal preparatoria por seis meses. Y resolvió además que no iba a tratar nulidades de Beltrán y Lucero porque no estaban presentes.

Olguín expuso que para la ampliación de cargos debe asegurarse la presencia de todas las partes porque las imputaciones son en el mismo sentido y carácter, por tener situaciones comunes y similares. Por esto solicitó que sea reprogramada.

Lucero y Beltrán ya están imputados por peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Con el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal sostiene ahora que no se trató de hechos aislados, sino de un esquema organizado que habría provocado un perjuicio millonario al Estado provincial. Entre las evidencias incorporadas aparecen pericias sobre teléfonos, registros de cámaras de seguridad e informes contables que son clave.

El fiscal José Olguín junto al abogado que representa a Fiscalía de Estado, Flavio Ávila.

La querella, representada por Flavio Ávila adhirió a Olguín. Dijo que estas ausencias pretenden sustraerse del proceso y que es importante la presencia para el conocimiento de los hechos y para ejercer todos sus derechos. También recomendó que se fije una nueva audiencia y que se disponga la detención de las personas que no asistieron, 24 horas antes de la fecha, para asegurar el desarrollo.

“Pareciera que los imputados están probando al juez y a las partes, a ver hasta donde somos capaces de tomar decisiones para que esto avance. Es una situación grave y muy delicada, y una falta de respeto, como ex funcionarios, a los operadores de la causa. Evidencia una mala fe procesal y un claro hecho de obstrucción a que esto no avance”, declaró después Ávila, en diálogo con El Chorrillero. Dijo que estas situaciones “nos llevan a pensar en tomar medidas de coerción más gravosas porque son hechos que no son casuales”.

“Fue una tomada de pelo, que el juez pudo resolver, tomó la dirección del proceso y decisiones”, añadió.

Después de un cuarto intermedio todo cambió. Anabela Lucero, Beltrán, Scarel y el representante legal de Lucero se conectaron vía Cisco Webe. Enzo Torres, que supuestamente estaba enfermo, llegó al Poder Judicial para sentarse junto a Torres. Y lo mismo hizo Bracco, que también había asegurado complicaciones de salud.

Bracco dijo que estaba de acuerdo con la reprogramación y anticipó que se están analizando ofrecimientos de reparación integral.

Ortiz finalmente definió que la audiencia será el lunes 24 de agosto a las 9, y tuvo en cuenta el principio de celeridad y tiempos procesales que son importantes para llegar a la verdad y dar respuestas a la sociedad.

Anticipó que ante la incomparecencia de los acusados, serán conducidos por la fuerza pública.

Lucero y Beltrán están acusados de peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Ahora el Ministerio Público Fiscal avanza con más evidencias. Sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de un esquema organizado que habría provocado un perjuicio millonario al Estado provincial. Al expediente se incorporaron pericias sobre teléfonos, registros de cámaras de seguridad e informes contables que son clave.

La audiencia se realizó este jueves por la mañana.

La defensa de Anabella Lucero, Esteban Bustos Bridaroli, solicitó que se restituyan los elementos secuestrados (entre ellos, un teléfono celular, una notebook, cafetera, consola de sonido, etc) ya que está acreditada la propiedad, pero el juez se opuso. La Fiscalía aseguró que son evidencias que se tendrán en cuenta en la ampliación de cargos.

En el mismo sentido, también solicitaron la devolución de teléfonos las defensas oficiales de Enzo Lucero y Exequiel Scarel. Y a la vez plantearon irregularidades en la cadena de custodia. También fue rechazado por el juez.

Ortiz resolvió dejar para el lunes el tratamiento específico del planteo sobre la presunta violación de la cadena de custodia.

Por otro lado, la representante de Torres solicitó medidas para impedir la publicación, exhibición o difusión de evidencia que podría ser incorporada como prueba durante un eventual juicio oral. Argumentó que la exposición afecta la presunción de inocencia y el debido proceso, y sostuvo que Torres habría sufrido consecuencias laborales a partir de la información difundida sobre el expediente.

Olguín respondió que el expediente tiene carácter público y que no puede impedirse el acceso de los medios a la información. Ávila coincidió con esa posición y cuestionó además que se pretendiera imponer una medida respecto de terceros ajenos al proceso.

Beltrán, en ese momento tomó la palabra y cuestionó directamente a Olguín. Sostuvo que se habían producido “violaciones constitucionales” y afirmó que se estaba buscando un “linchamiento mediático”. También hizo referencia a una denuncia previa contra un oficial.

Cobertura e informes: Sonia Schoenaker y Nahuel Sanchez