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El Senado convirtió en ley este martes, por mayoría, el Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, iniciativa impulsada por el Gobierno que se aprobó en la sesión. Durante el debate, el senador Martín Olivero (Ahora San Luis) fundamentó la norma y puso el foco en la decisión del gobernador, Claudio Poggi.

“Es importante que el gobernador haya tomado la decisión de impulsarla porque el Estado no puede mirar para el otro lado cuando hay familias que están atravesando dificultades económicas”, sostuvo durante su intervención en el recinto.

El legislador, comenzó su intervención con una descripción de la situación de las familias que, según planteó, trabajan y hacen “un esfuerzo enorme todos los días para salir adelante”, pero que muchas veces no llegan a fin de mes. Dijo que muchas tuvieron que recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o financieras “para poder comprar medicamentos, comidas, incluso para pagar los servicios”.

A partir de ese diagnóstico, precisó que las deudas son un asunto entre privados. Sin embargo, puntualizó que el Estado “tiene la responsabilidad de generar condiciones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Y aclaró el alcance de la iniciativa: “No estamos hablando de que el Estado salga a pagar las deudas de todos los habitantes de la provincia. Hablamos que interviene utilizando herramientas para que las entidades financieras ofrezcan mejores condiciones y la familia pueda cumplir con sus obligaciones”.

Olivero también anticipó que se diría que el problema se resuelve aumentando los sueldos. Respondió que el Gobierno provincial lo hace y que todos desearían que empleados y jubilados “ganaran más”.

Planteó que el contexto nacional es “muy complejo” y que ningún gobernador ni intendente, de distintos partidos e ideologías, otorga aumentos desproporcionados.

Los dos programas

El senador explicó que la ley crea dos programas complementarios: uno de desendeudamiento y otro de incentivo al consumo familiar.

El primero está destinado a personas con dos años de domicilio en San Luis y deudas de consumo en mora, es decir, con más de tres meses o 90 días sin pagar. Los montos alcanzados los definirá la reglamentación.

Para ellas, el Estado propone que los bancos, las financieras y otras entidades que adhieran ofrezcan planes de refinanciación con condiciones más favorables. Las condiciones que detalló son un plazo mínimo de 24 meses, con dos meses de gracia; una tasa de interés que no podrá superar la Tamar que publica el Banco Central más 10 puntos porcentuales; una cuota que no podrá exceder el 30% de los ingresos del grupo familiar; y ningún gasto administrativo ni comisión adicional para acceder al plan.

Sobre el tope de la cuota, Olivero dijo que es “fundamental”, porque una familia “no puede destinar todo lo que gana a pagar solamente deuda”.

Además, el proyecto prevé la posibilidad de juntar distintas deudas en una sola refinanciación. Por ejemplo, un vecino con un préstamo personal y una deuda de tarjeta podrá refinanciarlas juntas. También contempla incorporar deudas con servicios públicos de competencia provincial, como la de Edesal, según lo que establezca la reglamentación.

Para Olivero, otro aspecto del proyecto es que, cuando una familia logra bajar el monto de sus cuotas, el dinero que antes se destinaba a intereses puede volver al consumo: “Va dirigido al almacén del barrio, al supermercado, a las farmacias, a los comercios de nuestras ciudades y a tantos emprendedores”.

Explicó que, para que eso sea posible, el Gobierno provincial ofrece beneficios impositivos a las entidades financieras que adhieran y presenten propuestas que mejoren las condiciones actuales.

En el caso del incentivo al consumo, se prevé un crédito fiscal del 25% sobre los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores. “El Estado utiliza herramientas fiscales para que el sector financiero también haga su aporte y esos beneficios sigan llegando a las familias sanluiseñas”, señaló.

Sobre el final, afirmó que el endeudamiento familiar “es una realidad que no podemos negar”. Consideró que impulsar la iniciativa es “muy importante para toda la provincia”, y aclaró sus alcances: “Sabemos que esta ley no es la solución a los problemas económicos que atraviesan los sanluiseños, pero sí se puede convertir en una herramienta importante para quienes hoy necesitan ordenar sus cuentas”.