Los juicios orales y públicos son la instancia donde la ciudadanía puede observar, a través de los medios, cómo se imparte justicia. Sin embargo, en San Luis, en las últimas semanas se instalaron una serie de disposiciones que modificaron el modo en que se desarrollaron históricamente las coberturas de los debates.

El cambio no fue comunicado mediante una resolución oficial. Tampoco se informó con anticipación. Las nuevas condiciones comenzaron a aplicarse sin aviso y se atribuyeron a decisiones tomadas por cada tribunal interviniente.

Una de las situaciones ocurrió el 23 de julio, cuando se conoció la sentencia en el juicio por el abuso sexual a una menor en un motel. Tras la lectura del fallo condenatorio, no se permitió tomar imágenes de los acusados, a pesar de que ya no pesaba sobre ellos el principio de inocencia. El Chorrillero logró registrar imágenes. Luego, desde el entorno judicial, se cuestionó la difusión.

Otro caso fue el juicio por el homicidio de Paulo “Nino” Videla. La primera jornada se desarrolló con normalidad, pero a partir del segundo día se impusieron restricciones a la prensa. Se prohibió el ingreso por el frente de la sala y la permanencia en los pasillos cercanos, por donde circulan los magistrados.

Estas decisiones, según se informó desde Prensa del Superior Tribunal de Justicia, fueron dispuestas por el Tribunal conformado por Eugenia Zabala Chacur, Ariel Parrillis y Hugo Saá Petrino, con el argumento de que en la jornada inicial hubo desprolijidades. Sin embargo, no se identificaron hechos que dieran sustento a esa explicación, y el cambio se tradujo en una limitación directa para la cobertura.

De esta manera, la prensa no puede tomar imágenes de frente a los imputados.

Este medio solicitó a la oficina de Prensa información sobre las nuevas condiciones de trabajo para los medios, en especial sobre los criterios para registrar imágenes. Hasta el momento, no se recibió respuesta.

Ante la imposibilidad de hablar con la presidenta del Tribunal, este medio dialogó con un integrante del Colegio de Jueces, José Luis Flores. Manifestó desconocer que se hubieran modificado las condiciones de cobertura o dispuesto nuevas reglas.

Otro cambio fue en la política de contacto con funcionarios judiciales. Al pedir una entrevista con una jueza de Familia, que había manifestado su predisposición para darla, desde el Superior Tribunal se solicitó que se hiciera un pedido por correo electrónico, detallando el contenido de la nota y su finalidad. Aunque la autorización fue finalmente concedida, este paso burocrático no tiene antecedentes y representa una forma de control institucional sobre el vínculo entre magistrados y periodistas.

Este martes surgió otra situación vinculada al debate oral de “Nino” Videla. Cuando todos los juicios en la Primera Circunscripción llegan a la etapa final, desde Prensa comunican el horario estimado en que se dará a conocer el veredicto. Esta vez no ocurrió.

La publicidad de los juicios es un principio constitucional. Garantizar el acceso de la prensa y establecer reglas transparentes, formales y estables no solo es una obligación legal, sino una señal del compromiso de la Justicia con la rendición de cuentas.