por Julian Pampillón

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Claudio Poggi que busca conformar asociaciones integradas por productores rurales, instituciones y vecinos para el mantenimiento de la red secundaria provincial.

La iniciativa fue aprobada por 28 votos a favor y 12 en contra. El bloque oficialista Ahora San Luis y sus aliados acompañaron el proyecto, mientras que el Frente Justicialista votó en contra. La propuesta oficial pasará ahora al Senado para continuar con su trámite legislativo.

El proyecto contempla la creación del Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (Fo.No.Pa.), destinado exclusivamente al funcionamiento del régimen. Ese fondo estará integrado por el 100% de los recursos provenientes del DO.PRO (el documento electrónico utilizado para controlar y fiscalizar el pago a cuenta de impuestos durante el traslado de productos) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural, además de otros aportes previstos en la norma.

El objetivo principal es garantizar la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los 4460 kilómetros de rutas provinciales secundarias no pavimentadas, mediante un esquema de articulación entre el sector público y el privado que permita mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y favorecer el desarrollo productivo.

La iniciativa establece que cada consorcio tendrá el carácter de persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, encuadrada en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, y quedará sujeta al control permanente del Estado.

Además, dispone que solo podrá existir un consorcio por circuito para evitar superposiciones de competencias y representación. En ese sentido, el proyecto señala que la autoridad de aplicación (la dirección de Vialidad provincial) promoverá acuerdos entre productores y vecinos de cada región para conformar una única entidad representativa.

En aquellos sectores donde no se constituya un consorcio, la norma prevé que puedan intervenir entidades sin fines de lucro representativas de productores agropecuarios, municipios o productores rurales.

El financiamiento del sistema también incluirá las cuotas de los asociados, los recursos previstos en los estatutos de cada consorcio y los subsidios, aportes o contribuciones que puedan provenir de organismos públicos o privados.

De manera preliminar se proyectan 17 circuitos, de entre 200 y 250 kilómetros cada uno.

Según el Ejecutivo, esta organización permitirá reducir el traslado de maquinaria, optimizar el control de los trabajos y distribuir las responsabilidades de mantenimiento de manera territorial.

El proyecto también faculta al Gobierno a realizar un aporte inicial del equipamiento necesario para el funcionamiento de los consorcios y a reponer la maquinaria cuando concluya su vida útil para garantizar la continuidad operativa del sistema.

Asimismo, incorpora beneficios impositivos para los convenios que se celebren en el marco del régimen, entre ellos la exención del Impuesto de Sellos y sobre los Ingresos Brutos derivados de esos acuerdos.

Los convenios establecerán el valor por kilómetro correspondiente a las tareas ordinarias de mantenimiento, de acuerdo con las características geográficas de cada circuito, aunque también contemplan la posibilidad de ejecutar obras extraordinarias.

Durante el debate en el recinto, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía, Eugenia Gallardo (Ahora San Luis), explicó que a pedido de productores rurales se amplió el alcance del proyecto para permitir que la dirección Vialidad provincial y el Ente Control de Rutas puedan otorgar permisos de uso precario sobre los márgenes de caminos y rutas provinciales pavimentadas y no pavimentadas , excluyendo las banquinas, zonas de seguridad y cortafuegos.

Estos permisos podrán concederse a propietarios de inmuebles frentistas o linderos, siempre que la actividad agrícola resulte compatible con la seguridad vial.

La iniciativa también contempla un mecanismo para garantizar el financiamiento de los trabajos cuando la estacionalidad afecte la recaudación del fondo. En esos casos, se podrá utilizar transitoriamente otras fuentes de financiamiento, que deberán ser restituidas una vez que ingresen los recursos específicos del Fo.No.Pa.

Otro de los artículos autoriza al ministerio de Seguridad a celebrar convenios con los consorcios para colaborar en la fiscalización del tránsito sobre las rutas provinciales no pavimentadas comprendidas en cada circuito.

Gallardo sostuvo que el proyecto responde a un reclamo histórico del sector productivo: “Hace 30 años vienen los productores renegando con el tema. Esta ley les dará un marco normativo que permanecerá más allá de los cambios de gobiernos”.

La legisladora afirmó que la propuesta permitirá “fomentar el esfuerzo conjunto del sector público y privado en beneficio del interés general” y consideró que generará una reducción de los días de intransitabilidad de los caminos rurales.

También señaló que el régimen contribuirá a disminuir costos de transporte y fletes, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad vial.

“Implica una reducción de fletes, de transporte, da cuenta de una mayor competitividad y mayor seguridad vial. Es prioridad del Gobierno generar las condiciones para que el sector crezca. Es trabajar cerca del sector productivo para garantizar que el empleador en la provincia sea el privado porque en el Estado no cabe ni un alfiler más”, expresó.

El Frente Justicialista presentó un dictamen de minoría y rechazó el proyecto impulsado por el oficialismo.

A su turno, la diputada Miryam Serra (Ahora San Luis) respaldó la iniciativa y sostuvo que constituye una herramienta necesaria para el interior provincial: “Durante años se planteó la necesidad de implementar una herramienta diferente. Hoy está abordada y nos encontramos con el no acompañamiento de la oposición".

Y agregó que el régimen permitirá dar respuestas a las demandas de las comunidades rurales. “El interior necesita respuestas. Quienes producen necesitan caminos transitables y San Luis necesita ideas que permitan hacer más eficiente la gestión y responder de manera más oportuna a las necesidades de cada circuito”, dijo.

El proyecto es la culminación de un proceso iniciado al comienzo de la actual gestión provincial. La idea fue planteada por primera vez durante la Mesa Sectorial Productiva del 16 de diciembre de 2023, donde surgió la necesidad de crear un esquema de gestión compartida para recuperar los caminos rurales.

En el tratamiento participaron el director provincial de Vialidad, Juan Sosa Zamarbide; el director de Desarrollo Agropecuario, Gustavo Del Bosco; representantes de distintas entidades agropecuarias. Las sociedades rurales de San Luis, Río Quinto, Valle del Conlara (Concarán), Norte de San Luis (Quines), Rosario (La Toma), Unión y la Asociación Agrícola Justo Daract difundieron un comunicado conjunto en el que valoraron el proyecto.

"Este pedido viene de vieja data, que hoy se ve reflejado en la Cámara de Diputados tras muchas reuniones junto al director de Vialidad Provincial, las entidades rurales, el ministerio de Producción y el presidente de Cartez, Maximiliano Razzeto. Se logró conformar este proyecto y nos queda seguir trabajando para consolidar la legislación", precisaron.