El proyecto presentado por el Gobierno provincial que prorroga la Ley de Emergencia Económica en San Luis y crea la Reserva Salarial y Social recibió por mayoría media sanción en la Cámara de Diputados.

Fue acompañado con 24 votos a favor pertenecientes al bloque Cambia San Luis y aliados contra los 15 en contra provenientes de la bancada opositora del Frente Justicialista.

La iniciativa busca dar respuesta ante el complejo contexto nacional por la caída de la recaudación que incide directamente en las provincias y San Luis no es la excepción. La estadística marca que este año se registrará el nivel más bajo de ingresos de los últimos diez años. En ese contexto el Gobierno se propuso garantizar el cumplimiento de los compromisos tal como lo es el pago de los sueldos de la administración pública.

Como miembro informante de las comisiones de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas y la de Asuntos Constitucionales, la diputada Eugenia Gallardo (Cambia San Luis) explicó los alcances, los argumentos que impulsan la medida y el escenario actual por el que atraviesan las arcas provinciales.

Habló de las fuertes caídas en la coparticipación federal y otras transferencias automáticas, que representan más del 75,6% de los ingresos mensuales del Estado y que los recursos “están por debajo de los niveles de la última década incluso del 2020 año de pandemia”.

“Es una respuesta necesaria y estratégica. No solo busca consolidar el equilibrio fiscal sino proteger a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de los planes sociales garantizando sus ingresos en un periodo de alta volatilidad y merma de recursos nacionales”, sostuvo en su alocución.

En la previa del tratamiento en el recinto, los legisladores recibieron en comisión a la secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Fabiana Zarate, y a la directora de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrera.

Hubo fuertes cuestionamientos desde el oficialismo al manejo que hizo de los recursos el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

“Tenemos que remontarnos a esa fecha y observar la realidad de la Provincia, que venía arrastrando déficit de forma sistemática desde 2019”, sostuvo y dijo: “Está claro que es un modelo distinto al anterior, un modelo que busca en la austeridad y orden para encontrar la solución al mejor vivir de los sanluiseños. Se otorga señales claras”.

Así, Gallardo trazó una comparación entre el momento de la sanción de la ley en diciembre de 2023 contra el proyecto actual: “Antes la Provincia tenía un problema radicado en el descontrol de gastos. Ahora es la caída de recursos y envíos”.

Se contempla una duración de dos años prorrogable por igual período y excluye algunos artículos de la actual ley tal como la implementación del Boletín Oficial Digital, la realización de un censo administrativo o la eliminación de Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas) ya que todos estos puntos fueron cumplidos.

“Se trata de obligaciones que se autoimpone el Estado y que sostiene la medida de austeridad”, puntualizó Gallardo.

Sesión de la Cámara de Diputados.

Según la diputada, la creación de la reserva (establecida por decreto y que ahora busca ser ley) fue lograda por la eliminación de gastos superfluos y una gestión responsable de los recursos desde el comienzo de la administración de Claudio Poggi.

“En 2024 se inició un proceso de saneamiento que se observó en las Cuentas de Inversión aprobadas ¿Cómo se logró? El erario público y la función pública logró revertir la tendencia logrando equilibrar los recursos”, indicó.

La extensión de la emergencia mantiene algunos aspectos de la ley sancionada en 2024. Por ejemplo, la prohibición de sumar más cargos en la administración pública y en el Plan de Inclusión Social, tomando como base la planta de personal vigente a noviembre de 2023.

Otro dato importante es que la medida no alterará obras o anuncios como la entrega de viviendas.

“Está claro que es un modelo distinto al anterior, un modelo que busca, en la austeridad y el orden, encontrar la solución al mejor vivir de los sanluiseños. Este Estado se pone autolimitaciones”, sumó.

Al momento de detallar sobre la Reserva, mencionó que estará conformada por el saldo financiero de la administración central que no se encuentre asignado a otras finalidades.

El monto a alcanzar será el equivalente al valor bruto de dos nóminas salariales mensuales de empleados públicos y liquidaciones de beneficiarios del Plan más contribuciones patronales, sueldo anual complementario de los tres poderes del Estado, organismos centralizados y descentralizados, sociedades y demás. Deberá ser actualizado periódicamente según cómo evolucionen los sueldos y beneficios.

Excepcionalmente, se podrá utilizar el fondo para financiar gastos cuya finalidad sea educación, seguridad o salud. Sin embargo, debe ser reintegrado.

La posición del albertismo fue representada por la diputada Silvia Sosa Araujo. Rechazó el proyecto y formuló críticas sobre el actual estado de las finanzas y su legalidad.

La diputada Verónica Causi (Cambia San Luis) defendió también la iniciativa y respondió los cuestionamientos. Apuntó a la administración de Alberto Rodríguez Saá y dijo que gobernó San Luis “como una estancia”.

Señaló que durante la pandemia hicieron uso discrecional de los fondos públicos y denunció que los $93.000 millones que alegan haber dejado al abandonar la administración “están en el bolsillo de los funcionarios del Gobierno de Rodríguez Saá”.

“Esa plata también debía servir para pagar la luz, para pagar el gas y la nafta de los patrulleros -que ahora se hacen los que les preocupan-, para arreglar los hospitales que ellos no habían arreglado, para arreglar los centros de salud y las comisarías que se caen a pedazos porque así las dejaron”, dijo.

Por su parte, Carlos “Charly” Pereira sumó duras observaciones. Dijo que los legisladores opositores “revelan la incapacidad de darse cuenta del desastre” de la gestión anterior “responsable de desguazar el Estado”.

“Su jefe político era un gran autor de incendios, se enamoraba de los incendios y, paradójicamente, se ofrecía como parte de la solución. No lo son”, completó.

Tras el debate, finalmente se votó y el proyecto pasó a la Cámara de Senadores.