El diputado Pereira denunció connivencia con “el poder narco” durante el gobierno de Rodríguez Saá. (Foto Prensa Diputados)

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la derogación de la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.

Así se anuló una norma impulsada por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá que establecía que los delitos menores vinculados al tráfico de drogas quedaran bajo competencia provincial, una política que en la práctica no se aplicó y que fue suspendida el año pasado por el gobernador Claudio Poggi.

La derogación fue aprobada por 24 votos a favor del oficialismo y aliados y 12 en contra de los diputados rodriguezsaaistas. Una de las intervenciones estuvo a cargo de Carlos “Charly” Pereira, del bloque Cambia San Luis, quien denunció que la norma fue impulsada por Rodríguez Saá por una connivencia con “el poder narco”.

“No tenía un buen propósito la norma. Se inscribe en una trama de connivencia de partes de poderes del estado con el poder narco de la provincia de San Luis”, aseguró el legislador.

“¿Cómo iba a prosperar una ley como la que pretendía el gobernador Rodríguez Saá en su momento sin siquiera la presencia de Gendarmería en la provincia?”, se preguntó Pereira, quien recordó que gracias a la colaboración conjunta del actual gobierno con la fuerza federal se pudo avanzar en importantes causas narcos como los casos Churquina y de Diego “El Gaucho” Funes.

“Esa ley lo que buscaba era desalentar el trabajo de la Justicia Federal que hoy vemos si es muy serio y darle competencia a la Policía de la provincia de San Luis que se presume, según testimonios de distintos medios periodísticos, tenía articulación y negocio en el comercio ilegal de la droga minorista”, continuó.

“Se le daba a la provincia la posibilidad de ir por aquel que tenía el kiosquito de droga, pero se le vedaba la posibilidad a la justicia federal de dar con el capo narco”, remarcó.

Volviendo al caso Churquina, recordó que el criminal coordinaba las operaciones desde la penitenciaría en 2023 y que la droga venía desde Bolivia. “¿Como quería Rodríguez Saá o el gabinete perseguir la posibilidad de que no nos convirtamos en un narcoestado con una dinámica de rutas liberadas, sin presencia de Gendarmería y sin una justicia dicho por el propio titular y jefe de los fiscales, incapaz y con falta de idoneidad para abordar el tema de la narcocriminalidad minorista?”, se preguntó.

“Presumo que era una ley que no tenía buen espíritu, una devolución de favores, respuesta normativa a intereses que había en parte de la cúpula policial, y parte de la cúpula del gobierno de entonces”, apuntó.

A su vez, Pereira apuntó que el procurador General de ese entonces, Luis Martínez, admitió la inaplicabilidad de la adhesión. “La herramienta nace ya mal concebida, en declaraciones que hizo Luis Martínez señaló que ninguno de los fiscales y jueces había pasado un examen como materia específica en narcomenudeo”, recordó.

“Martínez dijo que claramente no era lo mejor porque se necesitaba de personas que ingresen a la función judicial sabiendo que está bajo su responsabilidad y competencia. Y que implica a su vez una reestructuración de jueces, fiscales, ampliar el número de personas y estructuras y modificar las leyes vinculadas a la oficina de secuestros judiciales”, recordó.

“Él estaba señalando como jefe de los fiscales que no tenía la posibilidad institucional de perseguir o castigar el comercio minorista de drogas y que si eventualmente lo hiciese tampoco tenía de un dispositivo institucional para que esa droga sea secuestrada y poder darle el tratamiento debido”, agregó.

El legislador destacó la decisión del gobernador Poggi y la ministra de Seguridad Nancy Sosa de permitir el regreso de la Gendarmería en San Luis, con el acompañamiento de la ministra Patricia Bullrich.

“Cuando señalan que ha hecho Poggi por el tema del combate contra el narcotráfico, vaya si no ha hecho, con grandes decisiones de política criminal y pública, vinculado a un combate efectivo. Sospecho que toda esa ingeniería institucional y de acción que tuvo el anterior gobierno era todo lo contrario, más bien ser condescendiente con la posibilidad y flujo de la droga en San Luis”, argumentó.