El vicegobernador, Ricardo Endeiza se detuvo a abordar los puntos más importantes de la propuesta y contó las razones que llevaron al oficialismo a impulsar la reforma.

-El proyecto de ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución obtuvo media sanción en el Senado. Su reflexión sobre este visto bueno, ¿cómo vivió está instancia?

-Tratar una declaración de necesidad de reforma constitucional no es una cuestión que se dé todos los días. Realmente es el fruto de un trabajo que se viene haciendo desde principios de este año, primero con la elaboración del proyecto y luego, desde abril, cuando ingresó a la Cámara de Senadores como cámara de origen.

Lo hemos tratado en comisión. Tuvimos siete u ocho reuniones en las que trabajó la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero también, para darle al tratamiento la importancia que requería el tema, se invitó y participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y otros diputados y senadores que no integraban esas comisiones.

Se dio un debate muy amplio. Además de los legisladores, hubo representación del Poder Ejecutivo y, cuando la temática lo mereció, contamos con la presencia de integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal.

Por ejemplo, cuando se trató el tema judicial participaron la doctora Carolina Monte Riso, el doctor Sebastián Cadelago Filippi y la doctora Marcela Torres Capiello. De allí nos llevamos aportes concretos. La ministra del Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, planteó que la exigencia constitucional de un mínimo de tres años de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura para poder postularse como juez de primera instancia era escasa y propuso llevarla a cinco años. Nos pareció interesante, teniendo en cuenta su experiencia, y modificamos el despacho incorporando ese aporte.

También participaron alumnos y docentes de las cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Católica de Cuyo. Recibimos aportes por escrito y también contamos con el trabajo de especialistas en Derecho Público Provincial.

Creo que se hizo un muy buen trabajo, una tarea a conciencia como, claramente, merece una reforma de la Constitución, se hizo un análisis profundo. No hay improvisaciones.

Estamos marcando lineamientos de lo que es una idea de Estado y de cambiar paradigmas. Estamos pasando de un paradigma que durante años nos gobernó, que era hacer un culto del personalismo y de la personalización del poder, a otro en el que lo más importante no sean las personas que ejercen el gobierno y pretenden perpetuarse en el poder, sino darle más fuerza a las instituciones y a la división de poderes.

Eso asegura la alternancia y permite dejar de depender de una persona o del caudillo de turno. El desafío de los nuevos tiempos es tener más institucionalidad y menos personalismo.

También tenemos la satisfacción de poner la Constitución a la altura de los tiempos. El año que viene la última reforma integral cumplirá 40 años. Fue una muy buena reforma y siempre lo hemos recalcado. Tanto la Constitución de 1987 como las dos enmiendas posteriores fueron buenas y tuvieron incorporaciones importantes.

No venimos a criticar ni a destruir todo lo que se hizo antes sino a tomar todo lo bueno y aggiornarlo. Cambiar lo que haya que cambiar, pero con la visión del año 2026 y no con la de 1987. No con una visión personalista, sino institucionalista.

-Ha sido y es aún un trabajo de largo aliento. No solo por lo que implica, sino porque es preciso construir consensos. ¿Cómo fue este primer paso y que significó para usted este primer visto bueno?

–Para mí fue una gran satisfacción haber presidido esta sesión y que el proyecto haya sido aprobado con los dos tercios del total de los miembros de la Cámara. Es la mayoría especial más intensa que requiere la Constitución actual y está bien que así sea porque estamos proponiendo, ni más ni menos, que habilitar la reforma de esa misma Carta Magna.

Son dos tercios del total de los miembros, independientemente de cuántos estén presentes. Y, además, es una ley que no puede ser vetada por el Ejecutivo si es aprobada por los dos tercios de ambas cámaras. Es una ley muy especial. El Senado dio el primer paso con la media sanción y ahora el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde ya tomó estado legislativo y podrá comenzar su análisis.

-¿Por qué se propuso hacer una reforma constitucional en este momento y no dejar el debate para más adelante?

-Es una cuestión que nos venía preocupando desde antes del verano. Entendíamos que nuestras instituciones y la división de poderes, en algunos momentos, se habían transformado en una ficción o en una división meramente formal entre los poderes del Estado.

¿Por qué? Porque se habían dado años y años en los que las mismas personas gobernaban. Entonces los jueces eran amigos, la Legislatura tenía designaciones dadas dentro de un sistema bipartidista y existían legislaciones dadas por el dedo. Todo ese sistema hacía que el justiciable, el ciudadano común, pudiera encontrarse en una situación de desventaja. A mí me tocó, como abogado y luego como apoderado de un espacio político, litigar con la cancha totalmente inclinada precisamente por esto.

Hoy sabemos que las prioridades inmediatas son salariales y laborales, entre otras. Pero también sabemos que tenemos que generar condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica para que la inversión se quede y genere puestos de trabajo privados en San Luis.

¿Y cómo hacerlo? A través de reglas claras de juego y de un sistema gubernamental con una división de poderes en serio. El momento es este porque, aunque existen otras emergencias y prioridades, estoy convencido de que la reforma constitucional ayudará a resolver esas cuestiones.

Una Constitución pensada para los nuevos tiempos

-¿Qué evaluación hace del proceso de diálogo que aún continúa y qué rescata usted de las mesas de consenso desarrolladas durante estos meses?

–El trabajo realizado permitió incorporar aportes concretos de distintos sectores. Hubo una participación amplia de legisladores, representantes del Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial, los Ministerios Públicos, universidades y especialistas.

Eso permitió discutir los temas con profundidad y modificar algunos aspectos del proyecto a partir de los aportes recibidos. El objetivo fue tener una reforma acorde con la importancia del tema y no una reforma improvisada.

-¿Qué le va a aportar esta reforma a la Provincia, a la ciudadanía?

-Fundamentalmente, mayor institucionalidad, división de poderes y seguridad jurídica. En materia judicial, por ejemplo, estamos dando respuesta a nuevos paradigmas establecidos por los tratados internacionales con jerarquía constitucional y por la Constitución Nacional reformada en 1994.

Con la implementación del sistema acusatorio en la provincia, hoy el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación penal y la acusación, mientras que la defensa debe garantizar los derechos de quien es sometido a un proceso.

La propuesta busca que exista un Poder Judicial y, por otro lado, dos órganos independientes: el Ministerio Público Fiscal, encabezado por un Procurador General, y el Ministerio Público de la Defensa, encabezado por un Defensor General.

Con esto vamos a asegurar derechos humanos básicos, como el derecho a la defensa, la igualdad y el acceso a la Justicia. Ninguna norma es mágica. Pero creo que esto puede dar celeridad y, dentro de un Estado de Derecho, asegurar la igualdad entre quien menos tiene y quien más tiene.

También se busca limitar la discrecionalidad en la designación de los jueces. Actualmente el Gobernador recibe una terna y elige a quien considera. El proyecto propone un sistema de ternas vinculantes, calificadas por un Consejo de la Magistratura al que se incorporará el sector académico, y con un orden de mérito.

El gobernador deberá elegir al primero de ese orden, salvo que exista una causa grave, fundada por escrito, que justifique apartarse de ese criterio. Esto evita amiguismos y permite elegir a los más aptos para tener un mejor servicio de Justicia.

-¿De qué manera y en cuánto tiempo van a impactar los cambios en el ciudadano?

–La idea es que la Constitución responda a la realidad actual. Estamos incorporando cuestiones que en 1987 no existían o tenían una dimensión completamente diferente. Por ejemplo, hoy hablamos de inteligencia artificial, algoritmos, big data y protección de datos personales. Son fenómenos que se presentan día a día y frente a los cuales tenemos que proteger al individuo y al ciudadano.

Las constituciones establecen directrices desde las cuales después emanan las normas. Por eso, frente a estos nuevos derechos humanos vinculados con la tecnología, se estableció como principio rector la protección de la dignidad humana. Ese concepto también fue un aporte que recibimos por escrito del obispo de San Luis y que incorporamos al análisis del proyecto.

-Al votar cada cuatro años, ¿no se le saca al electorado la oportunidad de manifestar que está en desacuerdo con el rumbo de las gestiones en sus distintos niveles o con cómo están actuando sus representantes en los cuerpos legislativos?

-La cuestión central es justamente fortalecer las instituciones y la alternancia. No se trata de quitarle poder al ciudadano, sino de evitar que el poder se concentre durante períodos demasiado prolongados en las mismas personas. El desafío es que el sistema institucional funcione más allá de quién sea la persona que, circunstancialmente, ocupa un cargo. No debemos depender de una persona o de un caudillo de turno.

-¿Los cambios que propone la reforma en materia de Justicia permitirán optimizar el sistema judicial?

-Creo que sí. Una de las cuestiones centrales es garantizar la independencia de los distintos órganos que intervienen en el sistema judicial y asegurar derechos que hoy pueden verse afectados por la falta de división. Con un Ministerio Público Fiscal independiente y un Ministerio Público de la Defensa con autoridad propia se garantiza mejor el derecho de defensa y el acceso a la Justicia.

Además, la reforma constitucional viene a complementar otras decisiones que ya se tomaron. El año pasado se redujo la feria judicial y ahora también se plantea reducir el período de receso de la Legislatura. Actualmente, las sesiones ordinarias comienzan el 1° de abril y terminan el 30 de noviembre. La propuesta establece que comiencen el 15 de marzo y finalizan el 31 de diciembre. De esa manera se agregan casi dos meses de trabajo legislativo.

Educación desde los tres años

-La iniciativa tiene una particularidad al promover la educación desde una edad temprana para los niños. ¿Qué los impulsa a llevar la educación obligatoria a partir de los 3 años?

–Primero, hay que decir que la sala de tres años ya se está implementando y que es una de las políticas de Estado que estamos llevando adelante. Para el Gobierno de San Luis este es el Año de la Educación. Quizás electoralmente no sea una cuestión que sume tanto, pero nosotros no tenemos que gobernar pensando en la próxima elección, sino en las próximas generaciones.

La educación fue el elemento que hizo grande a este país. La educación pública, así como el sostenimiento de la educación privada, fue durante décadas el motor de una movilidad social ascendente que caracterizó a la Argentina. Los análisis pedagógicos actuales establecen la importancia de la educación inicial desde los tres años. Lo que estamos haciendo ahora es llevar esa obligatoriedad al nivel constitucional.

La Constitución anterior que, reitero, era una buena Constitución, establecía como obligatoria la educación en los niveles inicial y primario porque eso era lo que correspondía en 1987. Después, con reformas posteriores, también se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria. La provincia ya tiene esa obligatoriedad.

Ahora se incorpora constitucionalmente la obligación de garantizar la educación desde los tres años y hasta el nivel secundario. Es una obligación del Estado asegurar las condiciones para que eso ocurra y también de quienes tienen a su cargo la tutela o custodia de los niños, como padres o representantes legales, de arbitrar los medios para que concurran a la escuela. Ese nivel educativo es el que les va a permitir forjarse un futuro nuevo.

-Otro aspecto dentro del proyecto es la importancia de la riqueza hídrica de San Luis. ¿Por qué le dieron un valor especial al cuidado del agua?, ¿qué los motivó a darle jerarquía en la futura Constitución?

-El agua es un recurso que está en riesgo en todo el planeta. Es público y notorio que se está buscando preservar y nosotros no podemos hoy hipotecar el agua a través de una contaminación que pueda producirse, por ejemplo, mediante una explotación minera o una explotación agrícola no controlada que utilice mecanismos que la perjudiquen y termine arruinando nuestra fuente.

Tenemos grandes acuíferos en San Luis y una buena estructura hídrica, pero tenemos que cuidar el agua. Es un gran recurso que tenemos y un potencial estratégico de nuestra provincia. Además, es un derecho de las nuevas generaciones y un deber de la nuestra protegerlo.

El objetivo es crear una autoridad del agua con jerarquía constitucional, designada por el Senado por cinco años, para que esté alejada de los poderes políticos. La intención es que el agua deje de estar vinculada a conveniencias políticas o a beneficios particulares y sea utilizada con un sentido de explotación adecuada, con un cuidado inmenso y con la preservación del patrimonio hídrico de la provincia.

LA AUTOLIMITACIÓN DE POGGI Y EL LÍMITE A LOS MANDATOS

-La limitación a la reelección del gobernador, en la que el actual gobernador se autoimpone una restricción, generó críticas que señalaron que se proscribe a exgobernadores. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué consideran que un dirigente que gobierna la Provincia no puede volver a hacerlo nunca más?

-Primero hay que aclarar que la cláusula se aplica hacia el futuro. Las leyes se aplican a futuro y no retroactivamente, y por eso se incorporó esta cláusula constitucional.

Un gobernador que ya tuvo cinco mandatos tiene todo el derecho de presentarse y aspirar a dos mandatos más si el pueblo lo elige. Incluso quien haya sido gobernador cuatro veces puede aspirar a dos mandatos más. No hay ninguna proscripción.

Lo mismo ocurre con quienes hayan ejercido la gobernación anteriormente. Pueden aspirar a dos mandatos bajo el nuevo sistema porque la norma rige hacia adelante.

Esta es la explicación de la autolimitación del gobernador Poggi. Él podría haber interpretado que, como la norma se aplica hacia el futuro, podría generarse la posibilidad de tener un mandato más. Por eso estableció esta cláusula.

Y creo que lo que hizo es un gesto republicano que no es común y que debe reconocerse. Estamos hablando de una persona que tiene poco más de 60 años y que está diciendo que, aunque todo permitiría pensar que podría intentar tener más mandatos, él se autolimita y establece que nunca más podrá ser gobernador de San Luis.

Es un ejemplo de actuar con ejemplaridad y también de todo lo que ha generado esta lucha de años por recuperar la institucionalidad y ver hasta dónde pueden llegar los excesos en la permanencia de las personas en los cargos.

El poder aleja. El poder genera algunas desviaciones que no son buenas. Por esa razón creo que esto tiene que ver con una mirada republicana.