El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) anunció ayer un plan de acción para noviembre que contempla estado de asamblea permanente, quite de colaboración en horario vespertino y en días inhábiles, atención exclusiva de asuntos urgentes y cuatro paros generales con movilizaciones los días 7, 14, 18 y 25 del mes. Las medidas están respaldadas por el Superior Tribunal de Justicia.

La resolución fue aprobada en una Asamblea Extraordinaria simultánea realizada en las circunscripciones de San Luis, Villa Mercedes, Concarán y Santa Rosa, con una participación superior a las 450 personas. Allí, el gremio reiteró reclamos salariales y cuestionó la composición de los haberes.

La medida de fuerza del martes 25 tendrá un impacto adicional sobre el funcionamiento de tribunales: se encuentra precedida por el día no laborable con fines turísticos (viernes 21), fin de semana, y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional (lunes 24), lo que resultará en cinco días consecutivos sin actividad.

El anuncio se produce en medio del debate legislativo por la reducción de la feria judicial. El gobernador Claudio Poggi impulsó un proyecto para bajar el receso anual a dos semanas en enero y una semana en julio, con el objetivo de optimizar el servicio y combatir la mora en las causas. La iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado el 28 de octubre, cuenta con el rechazo del sindicato y Colegios de Abogados.

La relación entre el Sijupu y el Superior Tribunal de Justicia vuelve a quedar bajo la lupa. No es la primera vez que la posición del gremio coincide con la del máximo órgano judicial: meses atrás también se opusieron a la reforma estructural del Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo y se manifestaron en contra de la implementación de narcotests obligatorios para magistrados.

Durante el Gobierno anterior, desde el Superior Tribunal cuestionaban las protestas de los empleados. La ministra Carolina Monte Riso que llegó a decirle a los empleados que “son de cuarta” y que “ni saben qué reclaman”, ahora se muestra “comprensiva” con la acciones del Sijupu.

“Esto no es un acto de rebeldía, es un acto de defensa institucional y de nuestra dignidad salarial”, señalaron desde la organización en un comunicado.

Mientras el proyecto de reducción de feria está en la Legislatura y el gremio llama a paro, la prestación del servicio de Justicia afrontará un mes con funcionamiento limitado. Un reflejo de la mora en el avance de las causas es que el Colegio de Jueces está fijando los debates orales recién para 2027.