Se trata del ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, quien fue a plantearle a Victor Moriñigo el malestar del Poder Ejecutivo. El Consejo Superior se pronunció sobre un hecho muy grave que fue protagonizado por efectivos de la policía en contra estudiantes de la casa de estudios.

Hace unos días, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de San Luis se expresó sobre acontecimientos que tuvieron lugar en el marco de la marcha del pasado 3 junio.

Según explicaron fuentes de la institución educativa, el día de la movilización, dos estudiantes y dirigentes estudiantiles habrían sido "levantados" por personal policial de civil que los llevaron en una camioneta a recorrer distintos puntos de la ciudad, en un clima de violencia verbal y discriminación relacionado a su condición sexual. Los jóvenes fueron liberados a la madrugada. Ante lo sucedido, los estudiantes realizaron una presentación ante el Consejo Superior para plantear lo ocurrido.

En ese sentido, el Consejo Superior, trató el tema y emitió un comunicado en el que hizo pública su preocupación y expresó "su más enérgico rechazo a cualquier forma de violencia producida en el marco de estas manifestaciones".

"Exigimos que se respete el debido proceso para intervención de las fuerzas de seguridad, instando a las mismas a ser rigurosas en garantizar los derechos humanos y de libertad de expresión de quienes pretenden expresarse libremente. Pedimos que se investiguen y sancionen las conductas antidemocráticas que atentan contra la genuina libertad de expresión", afirma el comunicado difundido el martes 7 de junio.

"Desde esta UNSL, requerimos a las autoridades del Gobierno Provincial el inmediato esclarecimiento de lo sucedido que evoca a procedimientos de otros momentos históricos dolorosos vividos en nuestro país", expresa el escrito.

El mensaje de la Universidad molestó a Rodríguez Saa y el vocero de ese malestar fue el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, que se presentó en el edificio del rectorado para reclamarle a Moriñigo por lo publicado.

El funcionario del Poder Ejecutivo provincial concurrió con el jefe de Programa Derechos y Garantías Constitucionales, Mariano Barrera. También asistió Natalia Spinuzza, quien ahora se desempeña como directora provincial de Derechos Humanos. Se trata de la misma funcionaria que Rodríguez Saá usó para ir en contra de la libertad de expresión y el acceso a la información; derechos humanos que el Gobierno provincial acostumbra a desconocer.

Indudablemente la relación que hay ahora entre la Universidad y el Gobierno de San Luis, con permanente firmas de convenios y acuerdos entre ambos le hizo creer al funcionario que tenía el derecho de ir a "retarlo" al rector de la institución por hacer pública una crítica al accionar de las fuerzas policiales, tan cuestionadas desde hace tiempo.

El Rector de la UNSL expresó que las autoridades gubernamentales se encontraban sensibilizadas por los conceptos del comunicado donde la Universidad responsabilizó al Gobierno provincial de no cumplir con los derechos humanos y ante cualquier tipo de operativo que se hubiera realizado.

"En la reunión les narré una situación específica que fue la que motivó el comunicado. Se lo llevaron en mano. Aportamos los datos que realmente nos preocuparon a nosotros para hacer ese comunicado", dijo Moriñigo.

En tal sentido, el rector le explicó a los funcionarios que la Universidad es muy sensible a la detención de los dos estudiantes y que al modo de entender de la UNSL no ha sido según los procedimientos adecuados que corresponden.