LA BANDA QUE CAYÓ EN VILLA MERCEDES: 5 HOMBRES Y 6 MUJERES INVOLUCRADOS EN COMERCIALIZAR COCAÍNA POR CASI 2200 MILLONES DE PESOS EN 6 MESES
La cifra que se calcula es estimativa, y surgió de la cantidad de droga que entraba a Villa Mercedes por semana (hasta 6 kilos) y el precio que le ponían al público. El ingreso a la ciudad se coordinaba con el sindicalista de la carne, Juan Carlos Insúa, líder de otra banda narco que operaba en Merlo, y que le compraba el narcótico a un cártel peruano. Los cabecillas de las organizaciones ya fueron procesados por delitos que tienen una pena de hasta 20 años de prisión.

- Por Redacción --
- Martes, 17 Junio, 2025
Para la Fiscalía Federal la organización que lideraba Diego “El Gaucho” Funes funcionaba por lo menos desde mayo de 2021, y hasta la actualidad se dedicó al comercio del clorhidrato de cocaína mediante la instalación de diversos “kioscos” en el noreste de la ciudad de Villa Mercedes. Sus integrantes tienen lazos familiares. En su equipo le dio un papel importante a las mujeres: hay tres que fueron fundamentales en la logística de la distribución y también recolección del dinero.
En la cúspide de la estructura jerárquica estaba Funes. Era el único que mantenía contacto con sus proveedores, tanto para abastecerse de material estupefaciente como para entregarles el dinero en concepto de pago.
El sindicalista de la carne, Juan Carlos Insúa y otras veces Raúl Ramayo (el socio) traían la droga hasta Villa Mercedes y se la entregaban a Funes casi siempre de noche, en los campos que ellos tenían disponibles para manejarse sin riesgos.
Al mismo momento comenzaba la distribución a los revendedores.
Funes, Insúa y Ramayo.
De los seis kilos de droga que Insúa transportaba desde Buenos Aires e ingresaba por la ruta 7 a la Villa de Merlo, casi la totalidad iba para Villa Mercedes, porque Funes era el cliente más grande que tenía. El número de la plata que manejaron por lo menos en los 6 meses que fueron investigados nacen del precio que tenía el kilo para que salga al consumidor: 15 millones de pesos el ladrillo de 1000 gramos. Es decir, una ganancia de 90 millones a la semana y de 360 millones al mes. Se agrupa en seis meses ese número se eleva a los 2160 millones.
Cuando el 21 de mayo la Justicia Federal detuvo a 14 personas en más de 30 allanamientos que realizó Gendarmería Nacional y la Policía de San Luis, logró desarticular dos organizaciones criminales, y se desprendió la punta del ovillo para desentramar una red de narcotráfico con conexión transnacional.
Pudo establecerse cuál fue la ruta de la droga, y el modus operandi, cómo se fusionaron para comercializar la cocaína, los proveedores y los movimientos de dinero. También la estructura jerárquica, los roles de cada uno y las relaciones.
Dos semanas después de los allanamientos, dos mujeres que estaban prófugas fueron ubicadas y accedieron (tras un pedido de eximición de prisión) al arresto domiciliario.
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Todavía hay prófugos, y faltan medidas por concretarse, por eso la posibilidad es que surjan más involucrados.
Este viernes por la noche se confirmó el procesamiento con prisión preventiva para 19 personas, entre ellas los líderes: Funes, Insúa y Ramayo como los jefes t organizadores. Solo 17 de ellas permanecerán en el Servicio Penitenciario Provincial, porque dos mujeres tienen arresto domiciliario.
En la resolución están agrupados los cabecillas y las personas más importantes dentro de las dos organizaciones. Los de Insúa, entre los que está su hijo, son 5, además del socio, Raúl Ramayo. Y hay revendedores que todavía no fueron capturados.
Funes contaba con una gran cantidad de revendedores, y puntos de comercialización, principalmente en los barrios Eva Perón I y II.
Antes de que “El Gaucho” fuera detenido, otros revendedores fueron detenidos en varias ocasiones con estupefacientes en su poder.
Héctor “El Oso” Frías (que era uno de los principales revendedores) y los hermanos Fabián y Briza de los Ángeles Porras, ahora están con preventiva en la cárcel. Tenían kioscos al lado de una escuela, en el barrio Eva Perón I.
La banda tenía un fuerte carácter territorial sobre esos barrios, lo cual le daba protección, dado que ante procedimientos judiciales o el ingreso de la fuerza de seguridad en la zona, eran advertidos de inmediato.
Los revendedores y distribuidores también significaron “una protección infalible para Funes” porque les permitió comercializar la droga sin arriesgarse a tenerla en su poder durante mucho tiempo.
Por otra parte, las detenciones y los procedimientos en los puntos de venta nunca “resintieron el funcionamiento de la organización”, porque que siguió funcionando sin inconvenientes.
La quinta de las palmeras fue para los investigadores el centro de operaciones de la banda de Funes. El predio era administrado por Rosana Oga. Allí se ejecutó la guarda y fraccionamiento del material narcótico, y hasta ese lugar los involucrados iban a retirar la droga.
Cuando allanaron, los investigadores ya sabían que el cabecilla nunca almacenaba la droga en sus dos casas (una es una quinta a las afueras de la ciudad), y que tenía un poder adquisitivo alto.
Le secuestraron cuatro camionetas 0Km y una más antigua, y cinco motos sin uso, sin patentes, con la tierra evidente que estaban guardadas.
En la quinta está en ejecución una construcción importante (sería una vivienda), y hay dos piletas. También alrededor de 30 caballos, entre otros elementos costos, en su mayoría relacionado al mundo de los equinos.
Cuando pidió la excarcelación, Funes dijo que sus ingresos provenían de las jineteadas que organizaba. Y que su esposa alquilaba para eventos la quinta.
Una quinta como centro de operaciones y control territorial.
Funes y el clan
Mano derecha. En la segunda línea estaba su pareja, Katherina Villega. Tenía el control y la administración del dinero.
La suegra. Rosana Oga, madre de ella. Esta mujer desarrolló un rol especial en la organización, ya que administraba un centro neurálgico y presunto lugar donde se distribuía el estupefaciente: “La quinta de las palmeras”. El lugar era el centro de operaciones de la banda, donde se ejecutó la guarda y fraccionamiento del material narcótico. Además, los distintos involucrados retiraban de ahí la droga.
Cuñada. Romina Villega, hermana de “Katy”, se dedicó a la distribución, puntualmente bajarle el estupefaciente a la tercera línea donde estaban los revendedores; también al monitoreo del caudal de venta, a comunicar cuando debía frenarse y reactivarse la comercialización. Para los investigadores, una verdadera gestora de las bocas de expendio.
Cuñada. Abigaíl Villega fue una de las integrantes más relevantes en la línea de distribución de la tercera línena. Tenía a cargo una boca de expendio (a revendedores y consumidores) sobre calle Ministro Berrondo al 936, en el barrio Eva Perón II. En la causa es señalada como uno de los puntos de distribución más importantes de la organización. Al lugar lo denominaban “Casa quemada”.
Cuñada. María del Carmen Olariaga. Pareja de su hermano, Ángel Funes. Ambos administraban tres puntos de venta en el barrio Eva Perón. La mujer estuvo prófuga hasta la semana pasada, que fue indagada. Luego le concedieron la prisión domiciliaria porque está amamantando a un hijo de 1 año. En los últimos cuatro años (desde que comenzó a ser investigada) no se le conoció ningún trabajo lícito a Olariaga.
Hermano. Ángel Funes. La Policía allanó muchas veces la casa donde vivía con Olariaga y siempre encontró drogas. La semana pasada pidió excarcelación pero se la negaron. Los abogados fundamentaron que no hay riesgos procesales que justifiquen que siga privado de la libertad. Además que no tiene antecedentes penales, y que desarrolla una actividad informal como carpintero. Que realiza trabajos a pedido, fabricación de muebles y encargos particulares. Esa sería la fuente de ingresos para su hogar.
Cuñado. Richar David Villega. Hermano de las tres mujeres.
Paola Alejandra Alzaga. Pareja de Richar, conformaron un dúo dedicado a la comercialización de drogas. Oga, los proveyó para que vendieran a distintos clientes que les solicitaban dosis de cocaína.
Rafael Fernández. Es pareja de Oga. Su actividad estaba relacionada a la venta. Así quedó vinculado en varias comunicaciones donde le requerían el narcótico. Vivía con la mujer en a quinta de las palmeras.
Alan Leonel Fernández. Formó parte en la “tercera línea”, y es el único de los integrantes que no tiene vínculos familiares con los anteriores.
Hay todavía integrantes que no fueron atrapados.
Para el Ministerio Público Fiscal Abigail Villega, Richard Villega, Paola Alzaga, Rafael Fernández, Ángel Funes y María del Carmen Olariaga (y los que están prófugos) conformaron un conjunto heterogéneo en la tercera línea: estaban encargados de la venta del material narcótico a pequeños revendedores, o directamente a los consumidores. El rol que habrían desempeñado “fue crucial” para el funcionamiento de la banda.