La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, resolvió este martes prorrogar por otros 60 días las medidas de coerción contra funcionarios de Alberto Rodríguez Saá imputados por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al manejo de fondos públicos durante la gestión anterior.

La decisión alcanza a los ex ministros de Seguridad, Luciano Anastasi, Claudio Latini y Ernesto "Pipi" Alí, además de los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados en el expediente.

Al fundamentar la resolución, la magistrada puso el foco en el momento procesal de la causa y advirtió que, según ha sostenido el Tribunal de Impugnaciones, los riesgos procesales se incrementan a medida que el expediente avanza hacia instancias intermedias y de juicio.

En ese marco, dispuso mantener la obligación de firmar el libro de imputados entre el 1 y el 10 de cada mes ante la Fiscalía de Instrucción N°6. También prorrogó la prohibición de salir de la provincia, con excepción de Alí y Anastasi, y extendió la inhibición general de bienes para todos los imputados, salvo este último, quien cuenta con un embargo preventivo en reemplazo de esa medida.

La audiencia se desarrolló con la presencia únicamente de Anastasi, quien asistió acompañado por la defensora oficial Stefanía Cifuentes.

La audiencia de este martes. (Foto Periódico Judicial)

Desde la Fiscalía, Linda Maluf justificó la prórroga al señalar la necesidad de garantizar los fines del proceso y remarcó que la causa ya transita una etapa avanzada. En ese sentido, recordó que el requerimiento de elevación a juicio ya fue formalizado y que se encuentran en curso los traslados correspondientes, por lo que consideró razonable mantener las medidas para asegurar el desarrollo del proceso hasta la eventual realización del juicio oral.

Además, hizo referencia a los antecedentes condenatorios por delitos dolosos de uno de los imputados —en alusión a Latini— y advirtió que ello podría derivar en una declaración de reincidencia en caso de una nueva condena.

En representación de la Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y ratificó la denuncia que dio origen a la causa.

Las defensas, en cambio, se opusieron a la prórroga de las medidas. El abogado Nedo Gómez, representante de Alí, sostuvo que su defendido se mantuvo a disposición de la Justicia durante toda la investigación y calificó la continuidad de las restricciones como un “hostigamiento”, especialmente en función de su rol como diputado nacional. También cuestionó la inhibición de bienes al afirmar que no se acreditaron los requisitos legales para sostenerla.

En la misma línea, el defensor de Latini, Cristóbal Ibáñez, planteó que no se realizaron las diligencias necesarias para determinar el patrimonio de su defendido y consideró que la medida restringe de manera irrazonable la disponibilidad de sus bienes.

A su turno, el abogado de Vivas, Alejandro Cordido, sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen las restricciones y remarcó que su defendido cumplió con todas las exigencias judiciales, por lo que pidió que se respete el principio de inocencia.

La causa se encuentra en una instancia clave. En septiembre de 2025, los cinco ex funcionarios fueron imputados por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación apunta a una serie de convenios firmados entre el ministerio de Seguridad y municipios del interior que implicaron transferencias millonarias para obras que, según la acusación, no fueron ejecutadas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el esquema se repitió en localidades como La Toma, San Francisco del Monte de Oro y Cortaderas: contratos adjudicados de manera directa, desembolsos que superaron los anticipos previstos y ausencia total de ejecución de las obras. Posteriormente, los acuerdos fueron rescindidos “de común acuerdo” antes del cambio de gestión, sin rendiciones ni controles sobre el destino del dinero.

La fiscalía sostiene que se trató de un “modus operandi” reiterado que generó un perjuicio económico al Estado de más de $35 millones y que no puede ser explicado como un simple incumplimiento administrativo.

Con la prórroga de las medidas de coerción, el expediente continúa avanzando en la etapa intermedia y queda a la espera de la audiencia de control de acusación, instancia que definirá si la causa es elevada a juicio oral, donde los imputados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos.