El juez Federal, Alberto Carelli condenó a dos funcionarios del Servicio Penitenciario de San Luis por haber colaborado con la organización criminal liderada por Rafael Dante Churquina desde el interior del penal provincial. En el juicio abreviado, Jorge Ángel Orozco y Mario Andrés Ojeda admitieron haber recibido coimas y otros beneficios a cambio de otorgar al detenido un trato privilegiado y facilitar su rol como jefe de una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero.

Ambos fueron condenados por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Orozco recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión, mientras que Ojeda fue condenado a 3 años y 3 meses. En ambos casos, el juez dispuso la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Trato preferencial y corrupción penitenciaria

La sentencia del juez Carelli, dictada el 31 de julio, confirmó lo que el fiscal Cristian Rachid expuso durante la audiencia del 2 de julio: los agentes penitenciarios eran piezas clave en el funcionamiento de la organización. Gracias a su complicidad, Churquina contaba con una oficina dentro de su celda, donde tenía acceso a registros, una balanza de precisión y libertad para coordinar operaciones.

Además, según Rachid, las visitas más importantes que recibió entre enero y septiembre de 2023 no fueron registradas en los libros del penal. Las colaboradoras del jefe narco ingresaban sin controles, en horarios distintos al resto de los internos y con libertad para mantener reuniones sin supervisión. Solo se asentaron las visitas de Lucrecia Valdez, madre de un hijo de Churquina.

La banda fue desbaratada el 31 de agosto de 2023 tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Jujuy. Al día siguiente hubo allanamientos en la cárcel y en Villa Mercedes. Los agentes quedaron detenidos.

Todo ocurrió durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que tuvo como ministro de Seguridad a Claudio Latini, imputado ahora por corrupción. El director General del Servicio Penitenciario era Segundo Giménez.

Entre las pruebas más contundentes se encuentran las escuchas telefónicas. En una conversación, Orozco daba instrucciones a otra integrante sobre cómo anunciarse para no ser requisada. En otra, se quejaba porque la secretaria de Churquina no había llevado una máquina para contar billetes, ni el dinero acordado. En su domicilio, llegó a recibir 6 mil dólares en efectivo, según la investigación.

Intercambio de vehículos y dádivas

Las pruebas también confirmaron que los penitenciarios recibieron vehículos como parte de la red de favores:

-Una Ford Ranger, inicialmente utilizada por Marcelo Churquina (hermano de Rafael), fue entregada a Ojeda. Los papeles del vehículo fueron hallados en la casa de Lorena Ramallo, también condenada.

-Un Volkswagen Vento fue encontrado en poder de Orozco al momento de su detención.

-Un Ford Focus, registrado a nombre de Ojeda, fue secuestrado en el domicilio de las colaboradoras de Churquina.

Estas transferencias, combinadas con las dádivas en efectivo y el trato preferencial en el penal, configuraron un esquema de corrupción sistemático dentro del Servicio Penitenciario. Esto permitió el funcionamiento de la banda con total impunidad.

Durante la audiencia, el fiscal Cristian Rachid fue contundente: “Está acreditado que Churquina dispuso y organizó la entrega de dinero a estos dos funcionarios para que incumplieran sus deberes y le permitieran dirigir una organización dedicada al narcotráfico y lavado de activos desde su celda”.

Lo que viene: juicio a Churquina

El juicio abreviado alcanzó a siete integrantes de la organización, pero Churquina desistió de ese procedimiento tras haberlo aceptado. Presentó una nota manuscrita revocando su decisión y cambiando de defensa. Por eso, el 18 de agosto enfrentará un juicio oral junto a Efraín Cortez y Daniel Becher, los otros dos acusados que también rechazaron el abreviado.

La condena a los penitenciarios marca un hito en la causa, al exponer la corrupción institucional que permitió que una banda narco operara desde dentro de una cárcel en San Luis.