Tres horas duró la audiencia donde se trató cómo seguiría la situación procesal de la ex diputada Anabela Lucero; de su hermano, Enzo Lucero; y de su cuñado, Exequiel Scarel, al vencerse los dos meses de prisión preventiva. El juez Santiago Ortiz dispuso finalmente extender la medida de coerción por tres meses más, y no por cuatro como lo habían solicitado el Ministerio Público Fiscal y la querella, que representa a Fiscalía de Estado.

Cuando resolvió, el magistrado precisó que este plazo de 90 días deberá ser el último en la etapa de instrucción, con el propósito de que la Fiscalía formule la acusación formal y se concrete la audiencia de control de acusación para la elevación del expediente a juicio oral.

Anabela Lucero participó de la audiencia a través del sistema web, desde el Servicio Penitenciario Provincial.

La causa investiga hechos de corrupción que ocurrieron en el Molino Fénix cuando Alberto Rodríguez Saá era gobernador. Anabela Lucero y el diputado Joaquín Beltrán son acusados de encabezar una organización que desvió fondos públicos para el beneficio personal. Se estima un perjuicio económico de 900 millones de pesos.

Anabela Lucero participó de la audiencia a través del sistema web, desde el Servicio Penitenciario Provincial. (Foto: Nahuel Sanchez)

Durante la audiencia se argumentó la necesidad de mantener a los tres acusados detenidos porque advirtieron “un incremento en los riesgos procesales”. Entre los elementos presentados expusieron algunos comportamientos de Anabela Lucero, por ejemplo, cuando en una visita, uno de sus abogados le pasó el teléfono celular para que haga una llamada que no estaba autorizada. Y aun más grave, la querella denunció la posible configuración de una “estafa procesal” vinculada a la huelga de hambre que lleva adelante la imputada.

El fiscal José Olguín se apoyó en los resultados que tuvo la investigación en los últimos dos meses, desde que se pidió el encarcelamiento de los acusados. Habló de la detención de Christian Becher y de otros cuatro involucrados, a quienes posiblemente se les formularán cargos. “La situación no se ha modificado”, señaló el fiscal, sino que inclusive podría dar lugar a nuevos hechos delictivos. Agregó que respecto a Lucero (a quien señalan como jefa de la organización) se presentaron “actos de incumplimiento a las normas penitenciarias”, y planteó “la falsificación de datos relacionados a su situación médica”.

Se argumentó que, de acuerdo a los informes profesionales incorporados a la causa ,“el derecho a la salud se encuentra garantizado dentro del establecimiento penitenciario”. Específicamente Olguín detalló que los estudios indican que “lo que se alega que tiene en las mamas, no existe”, como tampoco alguna otra patología o enfermedad. En ese sentido, remarcaron que no hay un cuadro orgánico o sanitario de gravedad que justifique la morigeración de la pena o la concesión de una prisión domiciliaria. Las defensas pidieron la libertad o la prisión domiciliaria.

Los tres imputados estuvieron conectados por el sistema web desde la cárcel, y solo Anabela Lucero, a pedido de sus representantes, tomó la palabra para contar su angustia ante la situación de salud que atravesó. En su relato le agradeció al juez porque “siempre respondió” ante las peticiones que hicieron los defensores para que reciba la asistencia necesaria y de manera inmediata. De igual manera al personal de salud que la trató bien.