por Catalina Ysaguirre

El juez Santiago Ortiz resolvió este miércoles, luego de una audiencia que duró tres horas y media, mantener la prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel por dos meses como se estableció el pasado 24 de agosto cuando fueron detenidos y trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.

La ex legisladora no concurrió a los Tribunales de Villa Mercedes, y estuvo conectada por el sistema web. Sí fueron trasladados desde San Luis, su hermano y su cuñado.

El fiscal José Olguín, en la exposición que hizo para defender la prisión preventiva y la investigación por el vaciamiento del Molino Fénix dijo que, desde que se dispuso la medida de coerción más gravosa, “nada cambió a favor de los imputados, sino que inclusive se agravó”, ya surgió más evidencia e implicados, entre ellos el empresario Christian Becher que en el inicio de la audiencia fue imputado por asociación ilícita y fraude a la administración pública.

El representante del Ministerio Público Fiscal insistió que persisten los riesgos de entorpecimiento. “Estamos tratando de proteger la investigación, y sobre todo los testimonios que tenemos que conseguir, la documentación o el sustituto que todavía tenemos que encontrar para poder acreditar en definitiva qué pasó”. También agregó: “Sí existe peligro procesal”. Recordó, sin embargo, que “se ha podido recuperar gran parte” de información y que por eso la situación de los acusados ya no es la misma de cuando buscaban los muebles o los equipos electrónicos que se sustrajeron del Molino Fénix y Casa de la Música. De hecho, la acumulación de evidencia llegó a “una imputación muy grave, entre ellas, la asociación ilícita”.

“Déjenme investigar lo que corresponde. Nadie acá puede negar que no es lo mismo que estas personas estén en libertad o privadas de la libertad, máxime cuando los testigos son, muchas veces de condiciones vulnerables, como por ejemplo empleados del Molino Fénix que le tienen miedo a Lucero. Nada ha cambiado, no existe ningún motivo y ni siquiera se ha concluido con los dos meses establecidos para culminar la investigación. Si cambió algo fue para peor de los imputados”, añadió.

Enzo Lucero y Exequiel Scarel también van a seguir en prisión.

Anticipó la posibilidad de atribuir participación a otras personas.

Las defensas plantearon que se revoque la medida de coerción, y a la vez ofrecieron alternativas menos gravosas, como la prohibición de acercamiento a personas y lugares, la firma del libro de imputados, la entrega de vehículos (como caución económica) y la prisión domiciliaria. Cuestionaron la medida de coerción que se resolvió hace 22 días, pero el magistrado les recordó que desistieron del pedido de revisión ante el Colegio de Jueces, y por eso la medida quedó firme. Ante esto advirtió que no iba a reeditar el tratamiento de la prisión preventiva, y avanzó en su resolución: ratificó la preventiva. Descartó la domiciliaria, y en esto punto dijo que el sistema de tobilleras (que es el único sistema que puede permitir el control) no se aplica en San Luis por falta de protocolo.

Para el representante legal de Anabela Lucero esa medida (el encierro preventivo) es injustificada, y agregó que la imputación no tiene solidez. También sostuvo que no hay elementos que presuman el peligro de fuga ni peligros procesales, y que ella siempre estuvo a derecho.

Los abogados de los tres imputados hablaron del derecho que tienen de permanecer en libertad mientras prosigue el proceso, y puntualizaron sobre el arraigo y la situación familiar y económica de cada uno. Cuando se conoció la resolución anticiparon un recurso de revisión.

A lo largo de su exposición, Olguín repasó la conducta que tuvieron los imputados según su teoría del caso. Sintetizó que destruyeron la documentación oficial (lo cual impidió que la nueva gestión pudiera realizar las auditorias), falsificaron facturas para ocultar destino del dinero, y usaron “personas vulnerables” para crear empresas fantasmas (de esto hay 7 u 8 casos). “Robaron identidades” para cobros fraudulentos. El fiscal describió cómo actuó una red de influencias políticas que facilitó un saqueo institucional.

Agregó que a la documentación contable nunca tuvieron acceso los organismos de control, o mostraron lo que ellos querían, y después la destruyeron. “Era una obligación mantener la información hasta el 10 de diciembre, y después entregarla, pero no cumplieron”, planteó. Referenció la evidencia sobre los videos que muestran cuando suben bolsas y cajas de documentación en el auto de Anabela Lucero para tirar en el basural del barrio kilómetro 4. También las conversaciones donde todos se ponen de acuerdo para sacar los muebles, o cuando afirman que “busquen que no van a encontrar nada”, y que lo que no se quemó “estaba en el basural”.

la audiencia se realizó este miércoles en el juzgado de Santiago Ortiz.

Describió que todo el circuito “de quiénes tuvieron contacto con el dinero, está vinculado y documentado”, como también se sabe “quiénes lo cobraron, dónde, cómo y cuándo se pagó o se cobró la plata que salía del Molino”.

Nombró que muchos de los actos fraudulentos fueron para pagar la campaña política de Lucero, y el alquiler donde funcionaron sus sedes. Y agregó la pericia que realizó Delitos Complejos que confirmó la eliminación de los datos de manera remota. “Cuando encendió el aparato se formateó automáticamente, por una orden desde la nube”, añadió.

“Si la gestión hubiera sido ordenada, se la documentación estaría guardada, porque eso hubiera certificado el buen trabajo. Todo desapareció y resulta que ahora aparecen actos fraudulentos y falso”.

También aportó que no se puede desconocer que Lucero “tenía una participación política, e influencia manifestada inclusive por casi casi todos los trabajadores del Molino que “claramente le tenían miedo”.

Fotos y videos: Nahuel Sanchez