por Catalina Ysaguirre

El Ministerio Público Fiscal presentó este lunes las evidencias para sostener que en el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá se cometieron delitos de corrupción: se usaron dineros del Estado y recursos propios del Municipio Pueblo Ranquel para el enriquecimiento personal. En una audiencia que se realizó en los Tribunales de Villa Mercedes, a Sergio Freixes lo imputaron por asociación ilícita en concurso ideal con administración fraudulenta.

De la investigación, que lleva dos años, surgió que el ex gobernador le dio un poder especial que le permitía a Freixes intervenir en los asuntos agropecuarios y bancarios. Las maniobras irregulares se cometieron entre abril de 2020 y diciembre de 2023 (hasta que tres días antes que asuma la nueva gestión). En ese rango de tiempo Freixes y Alberto Rodríguez Saá se autoproclamaron lonkos para conducir todos los destinos de esa comunidad originaria, inclusive consta que unos días antes de que se fueran del poder se transfirieron 50 millones del tesoro provincial

También les formularon cargos a Sofía Aguilera (era la secretaria en la administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel); Arturo García Montani (realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia), y Diego Lucero (el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL, la empresa que fundó la familia Freixes). Todo se desarrolló en el Juzgado Nº 3 que está a cargo Natalia Pereyra Cardini. 

Los fiscales Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz ofrecieron los detalles que sostienen la acusación, es decir, precisaron las cifras millonarias que se transfirieron a las cuentas personales los sospechosos a lo largo de tres años. Tuvieron en cuenta que para que se hicieran las operaciones se necesitaba la firma de Freixes y de García Montani, que era el contador. Administraron dos cuentas: una productiva y otra de coparticipación. Se estima que fueron casi $670 millones de pesos, pero Bazla pidió que se tuviera en cuenta que en estos tres años la inflación ha sido de un 300%.

Jueza Natalia Pereyra Cardini.

El abogado que representa a la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, fue más específico, y sostuvo que se podría considerar un desfalco de 1 millón de dólares.

“Hubo actos ilícitos por parte de un grupo, donde cada uno aportaba para perjudicar al Estado, y no en beneficio del Pueblo Ranquel”, dijo Bazla cuando fundamentó la calificación legal. “Cada uno hizo una colaboración para que el Estado sufra una pérdida importante, brindaron participación para producir perjuicio. Todos actuaron de la misma manera”, dijo, y describió que sus actitudes fueron “con un beneficio económico”.

La magistrada justificó la ausencia de Viviana Moreyra, esposa de Freixes, quien actualmente está internada por un problema de salud, y no tiene fecha de alta. Se resolvió que para este caso se fijará otra fecha de audiencia de formulación de cargos.

Freixes está actualmente cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario Provincial por hacer firmar renuncias anticipadas a los jueces antes de asumir sus cargos. Debía ser traslado hasta Villa Mercedes para participar presencialmente de la audiencia, pero comunicó que está resfriado y no estaba en condiciones de salir. Por eso estuvo conectado por cisco webex (sistema de videoconferencia), pero solo se le escuchó la voz porque no se proyectó su imagen.

La acusación

La imputación es como coautores. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que nada se podía hacer sin la firma del ex ministro albertista, y que él tenía la responsabilidad como administrador y el aval para disponer libremente de los fondos.

La audiencia se realizó este lunes en los Tribunales de Villa Mercedes.

A lo largo de la audiencia se ventiló que se hicieron dos pericias contables, una para cada cuenta bancaria, y que del análisis resultó que gran parte de los egresos no se pudieron justificar. Fueron relatando la cantidad de dinero que se transfirieron de manera irregular. Por ejemplo, detectaron que se hacían tres o cuatro pagos con una misma factura. Que se facturaba a nombre de una persona, pero ese dinero iba a las cuentas de los acusados (de esto dieron muchos casos).

También pagos a particulares sin la emisión de los recibos correspondientes, o por locación de servicios que no se brindaban. “Hay muchas transferencias a Lucero, y no existe contrato alguno con él para que recibiera esa plata”, se dijo. Figura ayuda económica sin una prueba del destino de esos montos abonados.

En el caso de Aguilera igual: recibió transferencias por facturas emitidas por otras personas. Añadieron los pagos que le hicieron a la empresa “El Relincho”, que funciona desde 2017, es propiedad de la familia Freixes, y tiene como socio al intendente de Fortuna. El Municipio Ranquel le pagó a esa firma por el alquiler de vehículos, adquisición de bienes “cuando no se dedicaba a ninguna de esas actividades”.

Bazla aportó más datos. Se detectó el pago de mantenimiento y de arreglo a los vehículos de Freixes, de su hija, Diamela (actual intendenta de Nueva Galia); también uno de Aguilera y otro de “El Relincho”.

Las precisiones

Para dimensionar se describieron erogaciones de las dos cuentas analizadas (productiva y de coparticipación) durante los tres años. En la de coparticipación del 2020, los egresos fueron más de 11 millones, y no hay una sola justificación que diga adónde fue ese monto total.

En la cuenta productiva del 2021, los egresos fueron mayores a 30 millones, y de esos, más de 9 millones no están documentados. La cuenta de coparticipación del mismo año tuvo egreso de 23 millones, y faltan justificar 15 millones.

De la cuenta productiva del 2022, el egreso superó los 93 millones, y hay más de 35 millones sin documentar.

De la productiva del 2023 se gastaron 175 millones, y 23 millones no han sido justificados. En la de coparticipación 2023, el egreso fue de 167 millones, no están documentados 77 millones.

Si bien se investigó en primer lugar el detalle bancario, también se pidieron informes a agencias públicas para tratar de corroborar información de respaldo. A la vez se analizaron 14 biblioratos.

“Seguimos sosteniendo que gran parte de esa plata que no se justificó, no fue destinada al bienestar de la gente”, añadió.

El abogado de los imputados, Pascual Celdrán rechazó la formulación de cargos y planteó que no quedó en claro cómo se cometió el ilícito y los roles que cumplieron cada uno. Adelantó que plantearía una excepción de atipicidad en relación a la asociación ilícita. Defendió la administración de Freixes, como también algunas “informalidades” que se cometieron a la hora de rendir cuentas. Dijo que como en la comunidad no tenían vehículos se usó uno de propiedad de Freixes, y ese luego fue reparado por el uso que le dieron.

La jueza sentenció que todos debían ser imputados porque se cumplían los requisitos mínimos e indispensables. “Tengo claro que hubo una serie de hechos, de actos, ingreso y egreso de dinero que no ha sido justificada. Los motivos los desconozco, pero entiendo que si uno maneja dinero ajeno debe rendir cuenta al dueño de ese dinero, que en este caso es el Estado, de qué hizo o dejó de hacer con ese dinero. Si el Pueblo Ranquel tuvo una ganancia, seguramente es palpable y controlable, simplemente yendo a ver. Si ahora hay animales y antes no, o si ahora hay alambrado”, dijo en primer lugar.

Sostuvo que si las cuatro personas señaladas tenían la facultad de beneficiar al Pueblo Ranquel “debieron haberla acreditado con cualquier documento válido” y eso no se hizo. “La asociación ilícita es un grupo de personas que se junta para cometer ilícitos y considero que por lo menos en este momento no tiene que justificarse qué hizo cada uno”, agregó.

Ávila solicitó tres medidas de coerción para Aguilera, García Montani y Lucero: la imposibilidad de salir del país sin la autorización de la jueza, la firma del libro en la comisaría más cercana al domicilio y la prohibición de acercamiento a personas de la comunidad Ranquel. La jueza finalmente hizo lugar a las dos primeras.

Fotos: Nahuel Sanchez