A muchos les gusta ser “cancheros”, aman la “picardía criolla”. Gustan de tomar atajos para sacar ventaja y luego disfrutar del rédito enrostrando ese logro a aquellos que, por derecha, no pudieron llegar al podio. Y si esa chicana le da dinero, la ambición se apodera de ese argentino pillo. Muchas veces no miden consecuencias o, peor aún, no les importan. Algo así vivieron en San Luis José Toledo y Paola Tonelli, la pareja que vendía certificados médicos falsos a empleados públicos, quienes los utilizaban para presentarlos en su trabajo y así quedarse en casa y no ir a cumplir con sus obligaciones. La pillería no era tal. La jugada no era una simple avivada, sino un delito.

Al menos 100 empleados de la administración pública -contratados y de planta permanente- se enteraron que había una pareja que vendía certificados médicos -firmados, membretados y sellados por un doctor- para presentarnos ante el SEMA, el sistema de inasistencias por razones de salud del Estado para aducir una dolencia o patología y así quedarse en cama tomando mates o mirando tele, mientras el resto de “los giles” trabajan de 8 a 14 o de 14 a 20 en Casa de Gobierno, el Edificio Administrativo, un hospital, la Policía, una escuela o cualquier dependencia estatal.

José Toledo y Paola Tonelli fueron condenados. Graciela Apaza fue absuelta. (Foto Aldo Marchiaro)

A Toledo y Tonelli los ganó la ambición y dado el éxito del boca en boca puntano y la cantidad de clientes, empezaron a publicar en redes sociales sobre sus servicios. La cartera de clientes creció y los faltazos en la administración pública crecieron como si una pandemia de gripe, bronquitis, gastroenteritis, neumonías hubiese copado a la provincia.

Pero un día llegó a ojos del médico Marcelo Velázquez un certificado que él jamás firmó. Su indignación fue tal que hurgó un poco más y vio que su nombre y un sello parecido al suyo estaban en decenas de papeles con diagnósticos falsos. Hizo la denuncia que disparó la actuación de una Fiscalía de Instrucción y el resto ya es historia.

Toledo y Tonelli quedaron en el banquillo de los acusados junto a Graciela Apaza, acusada de complicidad con la pareja y de imprimir -a sabiendas de lo que ocurría- los documentos falsos en la fotocopiadora de su negocio.

Por entonces, el desparpajo del matrimonio era tal que ya vendían certificados médicos para presentar en las escuelas y así justificar las faltas de adolescentes, lo mismo que aptos médicos para llevar a los escritorios de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

El Gobierno hizo una investigación interna y la Fiscalía de Estado llevó todo a la Justicia. En las oficinas de Recursos Humanos buscaron los papeles truchos y a empleados públicos vagos se les cayó la estantería. Las pruebas en su contra y contra Toledo y Tonelli eran enormes y elocuentes. Los clientes hasta por la billetera virtual Mercado Pago habían abonado sus permisos para hacer fiaca y no ir a trabajar por días y días.

Los pícaros superaban los 100 y muchos, desesperados, furiosos y a los gritos, llegaron hasta las oficinas de Recursos Humanos clamando su inocencia. El griterío y la victimización, las excusas y mentiras no tuvieron eco y el proceso interno en el Estado continuó. Todos los falsos enfermos fueron despedidos.

En el juicio, la fiscalía de Instrucción desistió de acusar a Apaza por falta de pruebas, pero el Tribunal, por unanimidad, condenó a Toledo y Tonelli a 4 años de prisión por los delitos de "falsificación de instrumento privado, en concurso real y defraudación a la administración pública provincial, en calidad de coautores, en perjuicio de la fe pública y la administración pública".

Para ambos hubo agravantes: extensión del daño, multiplicidad del delito y los motivos que los determinaron a delinquir.

Ahora, ambos, están alojados en la Penitenciaría Provincial. Cada uno en su pabellón. Mientras tanto, unos 100 pícaros se arrepienten de su pillería y lamentan haber perdido su trabajo. Muchas veces, las avivadas criollas terminan muy mal.