La escena no se explica tanto por una decisión política del gobierno nacional como por una urgencia creciente en las provincias. Con ingresos en retroceso y compromisos salariales ineludibles, doce gobernadores recurrieron a la Nación para solicitar adelantos de coparticipación que les permitan atravesar el corto plazo sin entrar en crisis, según un artículo publicado por el diario Clarín.

El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto que habilita ese mecanismo: transferencias anticipadas de fondos que corresponden por ley a las provincias, pero que serán girados antes de tiempo bajo la forma de préstamos con una tasa cercana al 15%. Desde el Ejecutivo sostienen que el costo es inferior al que enfrentarían los distritos si buscaran financiamiento en el mercado.

El dato central, sin embargo, no está en la herramienta sino en el contexto que la vuelve necesaria. La recaudación viene mostrando una caída sostenida y eso impacta de lleno en la coparticipación, principal fuente de ingresos de muchas provincias. Según estimaciones privadas, en marzo las transferencias automáticas cayeron más de un 11% en términos reales a nivel nacional.

El caso de San Luis

El impacto también se verifica en San Luis, donde la coparticipación federal registró en marzo una caída del 5,7%, reflejando la misma tendencia contractiva que golpea al conjunto de las jurisdicciones.

Fuentes del ministerio de Hacienda le confirmaron a Todo Un País que “si bien la caída de los fondos federales que recibe la provincia es sostenida en el tiempo, el fondo de reserva salarial que el Gobernador Claudio Poggi garantizó por ley —equivalente a dos meses de sueldos de los trabajadores estatales—, y su estricta política de control del gasto y austeridad, le permite por ahora pagar sueldos sin endeudarse”.

En ese marco, la asistencia alcanza a provincias de todos los signos políticos. Entre ellas aparecen Catamarca y Salta, con buena sintonía con la Casa Rosada; otras como Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chubut y Misiones, que suelen acompañar al oficialismo en el Congreso; y también distritos con posiciones más distantes como Tierra del Fuego y La Rioja. Se suman Mendoza y Chaco, configurando un mapa transversal que evidencia que la dificultad fiscal no distingue alineamientos.

El monto total de los adelantos tendrá un techo de 400 mil millones de pesos, definido en función de la situación particular de cada provincia. La medida fue articulada por el Presidente junto a su equipo económico y político, con participación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli.

El deterioro de los ingresos ya se tradujo en conflictos concretos. En distintas provincias hubo reclamos de trabajadores estatales y fuerzas de seguridad, mientras que los gobiernos locales ven cada vez más limitado su margen de maniobra. La situación se vuelve particularmente delicada en distritos con alta dependencia de transferencias nacionales.

La Nación, por su parte, busca evitar un efecto contagio que derive en crisis encadenadas. En 2024, los gobernadores impulsaron sin éxito un esquema automático de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que dejó como alternativa este tipo de adelantos, más controlados desde el poder central.

La provincia de Buenos Aires, pese a enfrentar también tensiones salariales bajo la gestión de Axel Kicillof, no será alcanzada por ahora por este esquema.

La presión fiscal también escala a nivel municipal. Intendentes de capitales provinciales, reunidos recientemente en Entre Ríos bajo la conducción de Manuel Passerini, reclamaron mayores recursos en un escenario donde la caída de la recaudación impacta en toda la estructura del Estado.

En paralelo, continúan las disputas por fondos entre Nación y provincias, con reclamos judiciales en curso y negociaciones abiertas por deudas cruzadas. Algunos gobernadores, incluso, comienzan a asumir funciones que antes correspondían al Estado nacional, como el mantenimiento de infraestructura vial, ante la retracción de la inversión pública.