El Chorrillero ratificó el contenido de una publicación sobre el impedimento para habilitar el Centro de Deshabituación de La Toma y desestimó en todos sus términos la intimación formal que había enviado el intendente Walter Contreras para obligar una rectificación, en una evidente conducta para desalentar que la ciudadanía conozca lo ocurrido.

Todo comenzó con una nota del 24 de setiembre titulada "Por un capricho del intendente de La Toma, no se puede inaugurar el Centro de Deshabituación", en la que se informó que la obra había sido retomada por el actual Gobierno provincial tras permanecer paralizada desde 2023 y se señaló que la falta de habilitación de la conexión de agua obstaculizaba la apertura.

La noticia generó la reacción de Contreras, quien envió una carta documento a El Chorrillero en la que intimó para que se hiciera una rectificación, bajo el argumento de que los datos difundidos son falsos. Cuestionó lo que se informó y objetó lo que se decía sobre las gestiones administrativas necesarias para poner en marcha el centro.

El intendente, Walter Contreras firma un convenio con la Provincia el 8 de junio de 2026. (Foto ANSL)

La respuesta de este medio fue clara: rechazó la pretensión del intendente, negó que la publicación careciera de sustento y ratificó íntegramente el texto. Pero, además, se expuso un elemento central para comprender lo que pasa: existen presentaciones formales de la empresa constructora ante la Municipalidad de La Toma solicitando las autorizaciones correspondientes.

Respaldo y rigor

En la carta documento enviada a Contreras, el director de El Chorrillero, Daniel Miranda detalló que la empresa contratista responsable de la obra hizo gestiones y precisó la fechas. Al mismo tiempo se identificó al funcionario municipal que recibió en mano las notas donde constan los cargos de recepción que acreditan las actuaciones ahora negadas por el intendente.

Los documentos resguardan el rigor que derivó en la publicación. De ese modo quedó confirmado que sí se realizaron trámites destinados a obtener la autorización municipal. Por eso este medio rechazó expresamente la demanda del intendente sobre la inexistencia de diligencias administrativas relacionadas con la habilitación.

La intimación de Contreras y la postura de este medio

La carta documento del intendente buscó que El Chorrillero reconociera que se había dado a conocer contenido falso. La respuesta, en cambio, rechazó esa exigencia y cuestionó sus fundamentos como el intento de condicionar la difusión de asuntos que son de interés público.

“Rechazo en todos sus términos su carta documento de Correo Argentino de fecha 25 de septiembre de 2026 por resultar inexacta, falaz, maliciosa y carente de sustento fáctico y jurídico”, comienza el texto dirigido por Miranda a Contreras que asumió el Ejecutivo en reemplazo del renunciante ahora diputado nacional, Ernesto “Pipi” Alí.

En otro párrafo, la comunicación dice: “Niego categóricamente que la información publicada por este medio sobre el Centro de Deshabituación contenga afirmaciones inexactas o arbitrarias. Niego asimismo que no existan antecedentes administrativos respecto a las solicitudes de habilitación y trámites de la obra en cuestión”.

La responsabilidad de los funcionarios públicos

Para El Chorrillero la publicación no fue producto de una afirmación antojadiza. Por eso insistió y mantiene inalterable la postura.

El Centro de Deshabituación tiene una importancia vital para la comunidad. Su habilitación resulta un paso esencial para que pueda cumplir el objetivo.

En ese contexto, conocer los motivos que demoran su apertura, las gestiones efectuadas y las responsabilidades administrativas son de interés público. Las razones por las que un establecimiento todavía no puede funcionar no pertenecen exclusivamente al ámbito de los funcionarios, son asuntos que la sociedad tiene derecho a conocer.

La discusión sobre el Centro de Deshabituación continúa abierta, pero la respuesta de El Chorrillero desnudó otra cuestión: la necesidad de que las autoridades respondan por sus actos y rindan cuentas sobres sus responsabilidades y actos, en lugar de, mediante intimaciones judiciales, amedrentar a los medios de comunicación que informan.