Por Leonardo Kram

La comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la cámara de Diputados recibió este martes a la directora de Obras de Arquitectura y Vivienda, Marina Ortiz, quien dio detalles del Centro de Deshabituación de adicciones en La Toma que el Gobierno de Claudio Poggi recuperó. El 15 de septiembre se abrirán las ofertas de las empresas que buscarán quedarse con la licitación de la postergada construcción por la gestión anterior.

Participaron la diputada Eugenia Gallardo como presidenta de la comisión, acompañada por sus pares del bloque Cambia San Luis, Luciana Perano y Gabriela Mancilla y los legisladores del bloque opositor María del Carmen Gosteli, Silvia Sosa Araujo y Joaquín Beltrán. Fue Gosteli la que solicitó datos de la obra, a través de dos pedidos de informe que con esta visita fueron respondidos.

La exposición de Ortiz brindó dos precisiones clave. En primer lugar, durante todo 2023, la obra ejecutada por la gestión de Alberto Rodríguez Saá fue postergada por la falta de fondos del Gobierno nacional de ese entonces, de Alberto Fernández. Y en segundo lugar, dio cuenta de la envergadura de la obra para la atención de las adicciones, una de las problemáticas de salud pública que el Gobierno actual está abordando.

Ortiz detalló que la compañía Shinko Srl. había obtenido la licitación por $239 millones e iniciado la obra en 2022. Del total, $150 millones serían aportados por el plan “Argentina Hace” de Nación, mientras que el resto sería aportado por la gestión provincial.

En 2023, la contratista solicitó dos ampliaciones de plazo; una el 23 de mayo y otra el 26 de septiembre. Entre otras razones, apuntó que no contaba con la factibilidad de los servicios de agua y electricidad y el consumo eléctrico era superior al previsto. Solicitó otros $116 millones y 194 días más.

Esto según Ortiz se debía a que la empresa no podía cumplir con el avance planteado, porque Nación no destinaba los fondos. “La empresa pedía ampliación de plazo, se lo estudiaba, se lo daba, se le pedía reprogramación de la curva y así sucesivamente”, resumió.

Recién el 9 de noviembre de ese año se aprobó la ampliación de obra y se notificó a la empresa el 14 de ese mes. “La obra ya estaba paralizada, ya que el Estado nacional tenía atrasos en los pagos. Era una suspensión de hecho”, remarcó.

El 6 de diciembre, la contratista pidió la neutralización de la obra, para detener el plazo hasta que se resolviera la situación económica.

Así quedó con un avance del 77,76%, mientras que la ampliación de redes de agua y electricidad quedaron en un 71, 42%. Quedaban ítems pendientes de importancia como la red de servicio eléctrico, divisiones internas para los consultorios, climatización y red de cloacas, lo que evidenciaba “la situación irregular que se encontraba la obra”.

El 25 de marzo de 2024, la empresa pidió la rescisión del contrato. A su vez las nuevas autoridades nacionales informaron que no se continuaría con obras públicas nacionales por el contexto económico. La rescisión fue efectivizada recién el 11 de febrero de 2025.

Aquí el gobierno de Claudio Poggi decidió concluir el edificio por su cuenta. El 25 de junio de 2025 se firmó un convenio con Nación para tomar posesión y sustentarla con fondos propios.

Con un presupuesto aproximado de $1029 millones y 350 días de finalización, la licitación está abierta y el 15 de septiembre se abrirán los sobres de ofertas de las empresas interesadas.

Ubicada en la antigua escuela agraria de La Toma, el predio cuenta con 1700 metros cuadrados y está dividido en dos bloques, a lo que se suma un polideportivo.

Hay un bloque “público” donde se encontrará la recepción, consultorios médicos y un Salón de Usos Múltiples (SUM). En el otro “privado”, habrá 15 habitaciones. El pliego de la gestión anterior contemplaba una cama y un escritorio, bajo la nueva gestión se optó por sumar una cama y así duplicar la capacidad de internación, llegando a 30 pacientes.

De acuerdo explicó en el anuncio de la licitación el director de Prevención y Asistencia en Adicciones, Darío Pantano, en un Centro de Deshabituación los pacientes asisten una vez pasada una etapa de desintoxicación y tienen la posibilidad de rearmar sus vínculos al convivir con otras personas con límites precisos, desacostumbrándose a la rutina que implica el consumo de la sustancia a la que son adictos. Es por esto que también se eligió una ubicación alejada de las grandes urbes. A su vez, se buscará que sea un espacio de contención mixto.

En cuanto a la obra de provisión de agua, la conexión se hará desde el camping municipal por Ruta 10 y el lugar al encontrarse en un nivel superior a la toma del suministro, se habilitará una cisterna y un sistema de bombeo.

A su vez se proveerá de climatización, mientras que las instalaciones serán totalmente eléctricas y solo se dispondrá de una cocina industrial con gas envasado. Los sanitarios y vestuarios contarán con agua caliente a través de calefones eléctricos conectados a paneles solares. También se sumarán aberturas, un gimnasio y el sector de baños para el polideportivo.

“Una vez que se rescinde la obra, pasa a la órbita del Gobierno de la provincia. Antes era imposible, no teníamos potestad”, remarcó ante la prensa la funcionaria. “Consideramos que es de vital importancia terminar esta obra. Es una política tratar las adicciones”, agregó.

“Podemos empezar a ver iniciativas legislativas que signifiquen volver a la institucionalización, pero tenemos que tener justamente instituciones que tengan capacidad. No solamente la infraestructura, sino también el recurso humano”, consideró por su parte la diputada Gallardo tras la reunión.

En este sentido destacó acciones recientes como la puesta en marcha del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones en la ciudad de San Luis. “Lo lógico sería que tengamos el ámbito para poder cubrir esta demanda y tener la legislación acorde casi simultáneamente con la posibilidad real de poder prestar este servicio”, concluyó.