El proyecto establece un receso de dos semanas en enero y una semana a mitad del año judicial, con fechas que fijará el Superior Tribunal de Justicia con antelación. Durante esos períodos no correrán los plazos procesales y se garantizará la atención de asuntos urgentes mediante magistrados y funcionarios designados.

La nueva modalidad entraría en vigencia a partir del 31 de diciembre del 2026, otorgando un período de adecuación al Poder Judicial y al ejercicio profesional de abogados. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La iniciativa llegó al recinto luego de una reunión que mantuvo el gobernador Claudio Poggi con el vicegobernador, Ricardo Endeiza; el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes y los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras; Eugenia Gallardo y Martín Olivero, en las que se analizaron los aportes surgidos del diálogo con colegios de abogados, el Colegio Forense, magistrados y trabajadores judiciales.

El senador Martín Olivero, miembro informante del proyecto, señaló que la propuesta surge de la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Justicia y dar respuesta a un reclamo reiterado de la ciudadanía: la demora en los procesos judiciales.

El senador recordó que la Ley Orgánica vigente fija un receso de un mes completo en enero y otros doce días corridos en invierno, lo cual interrumpe el avance de los expedientes y dificulta el acceso a derechos fundamentales. Reducir esos plazos permitirá una distribución más equilibrada del trabajo y una mayor disponibilidad del servicio judicial durante todo el año, explicó.

Durante el debate en el recinto, Olivero señaló que “no existen soluciones mágicas que por sí solas resuelvan el problema estructural de la mora”, pero subrayó que la Legislatura ha aprobado en estos últimos dos años diversas normas para agilizar los procesos, como la actualización del Código Procesal Civil y Comercial y la ley de flagrancia. “La reducción de la feria es una herramienta más en esa misma dirección”, destacó.

Para finalizar, el senador remarcó que la medida no elimina derechos del personal judicial ni sus períodos de descanso, sino que reorganiza el esquema vigente para garantizar continuidad en la atención sin afectar la calidad de vida de quienes trabajan en tribunales.