Este jueves, en el mismo acto en que 33 ONG recibieron financiamiento para desarrollar sus proyectos sociales, el gobernador Claudio Poggi aprovechó para entregar nueve decretos de homologación que legitiman convenios de colaboración entre beneficiarios del Plan de Inclusión y asociaciones civiles. Los documentos aportan estabilidad institucional y llevan tranquilidad tanto a beneficiarios como a dirigentes de las entidades de que las prestaciones de servicio están en regla desde lo jurídico.

El director de Inclusión Social, Juan Pablo Torres, explicó que esta iniciativa surge como una acción más que se enmarca dentro del eje de fortalecimiento institucional que planteó el Primer Mandatario desde el inicio de su gestión. “De esta manera, los beneficiarios cumplen sus prácticas de capacitación y formación en las sedes sociales de las ONG”, explicó el funcionario.

En términos del aporte que perciben, todo se mantiene igual. “Siguen dependiendo del Gobierno provincial, independientemente de dónde cumplan sus funciones. El Estado paga la totalidad del beneficio, la ART y la obra social”, detalló Torres, quien indicó que, como contraprestación, cada entidad debe mantener su estado de regularidad ante Personería Jurídica, presentar un plan de tareas para el beneficiario y proveer los elementos de seguridad para que las desarrolle.

“Básicamente formalizamos el acuerdo de colaboración de los beneficiarios en las instituciones. Es una acción que también forma parte de un apoyo institucional y económico a las ONG”, destacó Poggi, quien instó a las demás organizaciones presentes a interiorizarse sobre las distintas líneas de acompañamiento que ofrece el Estado. “Son ruedas de auxilio del Estado, llegan a sectores importantes de la sociedad a los que quizás el Gobierno no llega directamente. Por eso queremos trabajar codo a codo con ustedes”, agregó.

Torres destacó que el ordenamiento también les permitió generar un formulario de pases para registrar cualquier modificación. “Si un beneficiario desea sumarse a una entidad o cambiar de asociación, lleva todo un proceso administrativo que queda plasmado en nuestro sistema”, explicó. 

Las instituciones que recibieron los decretos fueron el Club GEPU (30 beneficiarios), la Asociación Escuela Deportiva Cristiana ‘Nuevos Horizontes’ (2), la Asociación de la Mujer y la Familia (7) el Club Deportivo Guay Curú (9), Eva Futbol Club (8), la Fundación ‘Corazón De Búfalo’ (6), la Asociación Civil ‘Búfalos Sanluiseños’ (5), la Escuela de Fútbol Infantil de Fraga (5) y la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de El Trapiche (3). 

En total, el número de beneficiarios asignados a tareas en 39 ONG de la provincia ascendió a 444, lo que implica una inversión mensual del Gobierno superior a los $200 millones y anualmente rondando los $2.450 millones, todo volcado al recurso humano en ONG.