Ya no solo está suspendida de su cargo como fiscal de instrucción 2 de Villa Mercedes, cobrando la mitad de sus haberes. Este jueves, los fiscales de la Tercera Circunscripción, Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri, formularon cargos contra su colega Daniela Cristina Torres ante el juez de Garantías, Santiago Ortiz.

La imputan formalmente porque sostienen que hay pruebas suficientes (al menos hasta este estadio de la investigación que empezó el año pasado) para demostrar que la funcionaria, que debería velar por la sociedad, investigando delitos y hasta previniéndolos, cometió dos: “incumplimiento los deberes de funcionario público” y “desobediencia a una orden judicial”.

La presunta comisión de ambos hechos saltó a la luz luego de que la madre de dos sospechosos de “robo” y “hurto” denunciara que Torres jamás le devolvió casi medio millón de pesos, que secuestró en el allanamiento de su casa, que nada tenía que ver con la causa investigada.

De manera sintética, Molina y Giampieri señalaron que existieron “irregularidades en los plazos y formas” que debió proceder una investigación llevada a cabo por Torres por un supuesto robo y hurto. En concreto, la ahora suspendida funcionaria le ordenó a la Policía la requisa de la vivienda de los sospechosos Alejandro Rodríguez y Facundo Josué Sosa.

Los efectivos fueron en busca de dólares, porque eso les habría indicado la fiscal. Pero en el domicilio no encontraron la moneda extranjera. Asimismo, incautaron los pesos argentinos que hallaron. El argumento de Torres para el secuestro de ese efectivo era que esos pesos provenían de la venta de los billetes estadounidenses.

Pero la madre de los sospechosos, María Loreno Rodríguez, no se quedó con eso. Se presentó en los Tribunales y pidió la devolución de los 473.020 pesos que los policías habían incautado de su casa, porque no eran de sus hijos, sino de ella. La mujer llevó su reclamo hasta una audiencia presidida por el juez de Garantías, Matías Farinazzo Tempestini.

Dicha audiencia fue postergada, por pedido de Torres, en dos oportunidades. Pero cuando, finalmente se desarrolló, el magistrado señaló que la investigación por los robos ya llevaba siete meses y las pericias no resultaron positivas a los fines de la causa. Dijo, además, que las averiguaciones no deberían afectar el derecho de la madre de los jóvenes. Por eso le ordenó a la funcionaria la inmediata devolución del dinero.

En esa oportunidad, Torres aseguró que la plata secuestrada estaba en una cuenta judicial de la Procuración. Pero eso era mentira, así lo comprobó luego el propio juez de Garantías. La representante del MPF no le dijo la verdad al magistrado.

Después de mucho andar, el 29 de octubre pasado algunos policías fueron hasta lo de Rodríguez y le pidieron que se acercara a la comisaría de La Ribera, para devolverle el efectivo. La denunciante fue hasta la seccional 29°. Contó que Torres llegó en una patrulla, a las 21:15, y entró a la dependencia policial por la parte trasera. Confirmó que le entregaron su efectivo, pero no todo, sino solo 455 mil pesos.

Farinazzo Tempestini notó que en su proceder la fiscal violó la Ley. También la denunció ante quien en ese momento era el Procurador Provincial, Luis Martínez, ante el Jurado de Enjuiciamiento, dispuso comunicar lo ocurrido al Superior Tribunal, al Consejo de la Magistratura, a la Oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad.

La mañana de este jueves, Molina sostuvo que “la doctora Torres Incumplió con su deber legal de remitir el dinero secuestrado a la Oficina de Secuestros Judiciales, tal como lo establece la Ley, omisión que impidió garantizar la identidad, integridad, trazabilidad y cadena de custodia de los fondos incautados”.

La Fiscalía enumeró las pruebas que ya están incorporadas en el expediente, tales como oficios, actas de secuestro de allanamiento, acta de ingreso de elementos a la Oficina de Secuestros Judiciales, entre otras. Luego de formular los cargos contra su colega, le solicitaron al juez, Santiago Ortiz, 60 días para continuar con las averiguaciones.

La funcionaria imputada participó de la audiencia, pero no de manera presencial en los Tribunales de Villa Mercedes, sino de modo remoto por videollamada, junto a su abogado Hugo Scarso. A la formulación de cargos hechos por la Fiscalía no se opuso.