Hace menos de dos semanas, la Justicia condenó a Paola Tonelli y Augusto Toledo a cuatro años de prisión por comercializar certificados médicos truchos que eran usados por empleados para obtener licencias. Estos documentos apócrifos fueron vendidos no sólo en el sector público que derivó en la sentencia, sino también en el privado por lo que hubo empresas que se vieron perjudicadas por la maniobra delictiva.

Polimetal detectó, luego de una investigación interna, que 11 empleados habían justificado inasistencias con certificados médicos adulterados. Todos fueron despedidos.

La empresa acompañó en su momento la denuncia del médico Marcelo Velázquez. De hecho, durante el juicio oral a Tonelli y Toledo, el profesional declaró en condición de denunciante.

“La empresa tuvo una importante participación desde su inicio porque el año pasado declaré ante el ministerio Público Fiscal. Tuvimos una reunión en las cámaras industriales donde expusimos el tema y las empresas entraron en alerta”, explicó el gerente de Recursos Humanos, Carlos Coiset en declaraciones a El Chorrillero.

Polimetal sumó pruebas en la causa. También comunicó a la psicóloga de Río IV, María Venturini que estaba siendo perjudicada como Velázquez.

La investigación interna en la fábrica comenzó cuando advirtieron que un empleado presentó un certificado que “tenía falencias estructurales” (mal hecho) y llevaba la firma de la profesional cordobesa. “Hablé personalmente con ella y se puso muy mal porque no entendía cómo le estaban usando su matrícula en San Luis, cuando nunca atendió acá”, dijo el gerente.

Los condenados Augusto Toledo y Paola Tonelli.

Ese fue el caso que destapó las irregularidades internas. Profundizaron los controles y se toparon con 10 casos más. “Fui de manera directa a los sanatorios y entrevisté a los médicos”, señaló.

“Acá hay una mafia instalada. Ahora está el psiquiatra este, pero él y los condenados no son los únicos. Habría más personas que venden certificados y siguen como si nada hubiese ocurrido. Tenemos que estar alertas y se deben tomar medidas”, consideró.

Coiset informó que después de toda la colaboración y lo aportado en el proceso reciente, la empresa recibió un oficio de la Justicia sobre una demanda laboral de un ex empleado. Reclama una indemnización por alrededor de $20 millones.

El caso recayó en la jueza Laboral Nº 3, Adela Pérez Del Viso.

“No puede desconocer la jueza que recientemente se dictó una sentencia. Debe averiguar lo que pasó en el Estado y lo que nos pasó a nosotros que colaboramos”, planteó.

La mayoría de los despedidos por Polimetal compró los certificados a Toledo y Tonelli que falsificaban la firma de Velázquez. “Había también algunos que tenían certificados de otras otros profesionales, inventados”, afirmó.

“Queremos que se conozca que hay personas que han sido echadas por este motivo que están iniciando acciones legales contra la empresa y hay gente que la está avalando como el abogado Alejandro Anglada y la magistrada que no pueden desconocer que hay una situación por la cual hay dos presos”, indicó y agregó: “Este oficio lo vamos a contestar haciendo alusión al juicio y la condena. Vamos a poner todas las notas que publicaron los medios, estamos haciendo la recopilación de todo”.