La ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez será la segunda funcionaria de Alberto Rodríguez Saá en llegar a juicio oral por delitos de corrupción. Este jueves, la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, ordenó la elevación de una de las causas que la tiene imputada por maniobras ilegales en el Gobierno y que surgió a partir de una denuncia de fiscalía de Estado.

El control de acusación inició alrededor de las 10:30, con la ausencia de Ramírez. Si bien a comienzos de mes la audiencia debió suspenderse porque la imputada quería presenciarla pero tenía problemas de salud, esta vez no concurrió. La Justicia dispuso un enlace para que participara de forma virtual, pero tampoco lo hizo.

La ex funcionaria llegará a debate oral acusada por 188 transferencias que realizó en su rol de secretaria de Deportes y presidenta del Ente Deportes al San Luis Fútbol Club (SLFC), del que también estaba al frente. A eso se suma la adquisición de un colectivo para la institución, con un sobreprecio de $175 millones, días antes de dejar el cargo. 

Banó además admitió la lista de testigos propuestos por las partes que serán citados para el debate. Entre ellos se encuentran el ex gobernador, el ex secretario de la Gobernación, Miguel Berardo y el ex ministro de Hacienda, Eloy Horcajo. Los últimos dos impulsados por defensa, mientras que el primero por la Fiscalía de Instrucción. 

Por esos dos hechos, está imputada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes. El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí pidió una condena a cinco años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

La Fiscalía pidió cinco años de cárcel.

“Ramírez intentaba institucionalizar hechos de corrupción”

El representante del Ministerio Público Fiscal hizo una reconstrucción de cómo transcurrieron los hechos de corrupción. Fueron agrupados en dos: las 188 transferencias que realizó al San Luis Fútbol Club y la compra del colectivo para la institución.

Inicialmente repasó que Ramírez asumió como secretaria de Deportes en marzo de 2022 y un mes más tarde propuso la creación del Ente Deportes, dependiente de la misma cartera y que también estaría dirigido por ella.

“El Ente tenía, entre otras atribuciones, la de autorizar la compra, venta, crédito, transferencia, concesión, locación y o contratación de toda clase de bienes y servicios”, detalló.

Assat Alí se detuvo en una fecha: el 6 de octubre de 2022. Fue cuando a través de un acta notarial, la N°99, se creó la asociación civil San Luis Fútbol Club. La presidencia quedó en manos de Ramírez, la vicepresidencia en las de su pareja, Agustín Alessio y la dirección en Javier Santagata (también funcionario de Deportes).

“Es desde este momento que comienzan a darse acciones o conductas que entendemos constituyen delitos”, afirmó el fiscal. Precisó que desde entonces y durante 2023 “se materializaron 188 transferencias por la suma de 166.612.154 de pesos destinadas a su propio club”. 

Los fondos se destinaron a una amplia variedad de gastos del club recientemente creado, como transporte, viandas, indumentaria, electrodomésticos y regalos empresariales.

La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó.

“En definitiva, cualquier gasto que tuviera el San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la secretaría de Deportes, dirigida por Ramírez y canalizado por el Ente Deportes, presidido también por Ramírez”, graficó. 

El fiscal planteó que “estas acciones tenían una apariencia legal, pero siempre estuvieron encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares por sobre los fines públicos”.

“Ni más ni menos, intentaba institucionalizar hechos de corrupción”, aseveró.

En segundo lugar, se refirió al vehículo. Detalló que el 27 de noviembre de 2023, Ramírez firmó una misiva dirigida a Rodríguez Saá “solicitando un colectivo de 60 asientos para el transporte del plantel y para ello se acompañó una factura proforma emitida por la empresa Sematur SRL con fecha de emisión 21 de noviembre por el monto de 290 millones de pesos”.

Resaltó que el coche marca Volvo B450 RX-X2 del año 2018 se encontraba en “deplorable estado de conservación en casi un millón de kilómetros”.

“La cuantiosa erogación se materializó en el expediente administrativo que se inició el 1 de diciembre de 2023, es decir, nueve días antes de dejar el cargo de funcionaria pública. Continuando esta cronología, el 6 de diciembre, la imputada presentó una nota de excusación en el expediente de pago, planteando la imposibilidad de que la secretaría de Deportes actuara como ejecutora, dado que su participación en la negociación resultaría una negociación incompatible con su cargo”, mencionó.

Sobre esto último, el fiscal advirtió: “A nuestro entendimiento, resulta una virtual confesión de los delitos aquí indilgados”.

Assat Alí enumeró una serie de aspectos relevantes en la adquisición como “la extrema rapidez con la que se autorizó”, que “la empresa a la cual se adquiere el rodado no corresponde a una que se dedique a la venta del mismo, sino más bien a una de turismo” y que la factura proforma presentada por Ramírez tenía fecha anterior a que solicitará el vehículo. “Me permite inferir, utilizando simplemente la lógica, que la negociación ya estaba pactada con anterioridad a la solicitud del subsidio, lo cual infiero que no es más que un intento burdo por darle un aspecto legal a semejante fraude”, aseveró.

A lo anterior sumó la tasación que realizó la martillera pública Marina Rizzotto, de la cual “surgió que el vehículo en su estado actual está evaluado en 114.783.500 pesos, con lo cual da un sobreprecio de 175 millones respecto del precio efectivamente pagado.”

La calificación legal

Respecto a las transferencias al SLFC, el fiscal enmarcó el accionar en negociaciones incompatibles con la función, incumplimiento de los deberes públicos y peculado.

Tuvo en cuenta que inicialmente había sido acusada de malversación de caudales, pero la fiscalía de Estado solicitó que se agregue el peculado. “A los fines de que la defensa pueda tener una acusación única, es que se pidió una audiencia con el procurador General de la Provincia y fue él quien decidió que el delito que debería estar es de peculado”, indicó.

La compra del colectivo fue enmarcada en negociaciones incompatibles con la función, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Por todo eso, pidió cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

“El San Luis Fútbol Club sobrevivía pura y exclusivamente del Estado”

El jefe de la Sala Penal de fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón coincidió con la teoría de Assat Alí e hizo énfasis en que Ramírez “disponía de bienes de carácter público” para beneficio personal.

“No quedan dudas que el San Luis Fútbol Club no tenía un solo sustento económico, no tenía ningún tipo de economía o de capital que no fuera el Estado. Ellos sobrevivían pura y exclusivamente al Estado, y obviamente sus miembros fundadores eran parte de este grupo de amigos, o por lo menos compañeros de trabajo, con posiciones importantes en la secretaría de Deportes”, sostuvo.

Sobre la compra del vehículo, planteó que “lo más lógico hubiese sido que ese colectivo sea de la secretaría de Deportes y que todos los clubes y que todos los chicos de todas las disciplinas pudieran beneficiarse”.  “Sin embargo, utilizando ese poder que detentaba, cometió estos delitos de corrupción con una apariencia legítima”, agregó.

“No tenemos dudas de que estamos frente a un delito de corrupción bajo una apariencia legítima. Los hechos aberrantes que hemos descubierto también traicionan la confianza la credibilidad que debe tener el funcionario”, insistió.

En relación a la pena solicitada por Fiscalía, no se opuso pero dijo no estar de acuerdo. Consideró que debe ser superior, pero que eso se dirimirá en el debate oral.

El planteo de nulidad

Los defensores de la ex secretaria de Deportes, Marcos Juárez y Ramiro Rubio plantearon la nulidad de la acusación. “Adolece de dos circunstancias previstas. En el primer caso, la relación precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye a la acusada y la calificación que se le enrostra en virtud a esos hechos”, manifestó Juárez.

Primero hizo alusión a reclamos que realizaron para obtener “la prueba original” de las transferencias al SLFC. Añadió a eso, la imputación por peculado.

“No es que le adicionan o le amplían de malversación de caudales públicos a peculado. Le quitan la malversación y se la transforman en peculado. Ahora bien, ¿es posible esto hacerlo? Sí es posible, pero hay que llamarla para que se defienda, a indagatoria. No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro (malversación de caudales públicos) a que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado (peculado). Entonces la acusación es nula de nulidad absoluta”, fundamentó el abogado.

Marcos Juárez y Ramiro Rubio, defensores de Ramírez.

Pidió una nueva formulación de cargos por ese delito para que Ramírez pudiera “defenderse de esa imputación nueva”.

Minutos antes de las 12, la jueza pasó a un cuarto intermedio para resolver el planteo y requirió acceder a todo el expediente. La audiencia se reanudó a las 14 donde rechazó la nulidad.

“Pude advertir que se le pone en conocimiento a la imputada de manera literal los mismos hechos que se presentaron aquí en la acusación. De manera que pude advertir que se ha mantenido en columna la plataforma fáctica desde los inicios de la Investigación Penal Preparatoria para que la imputada pudiera ejercer sus defensas”, argumentó.

En concordancia, mencionó que “la única diferencia que pude ver en la acusación inicial, pero que no sería una modificación sustancial, son las transferencias. Primeramente, el agente fiscal se refería a 276 transferencias y aquí serían 188”.

La prueba testimonial y documental que llegará a juicio

La fiscal adjunta, Roxana Alcaraz enumeró los 17 testigos que citarán para el juicio. Entre ellos se encuentran el ex secretario de la Gobernación, Miguel Ángel Berardo, que está imputado en otra causa junto a Ramírez. La nómina está integrada por ex funcionarios de la secretaría de Deportes, un escribano, una interventora del SLFC, la martillera que tasó el colectivo, un policía que hizo la verificación técnica del vehículo

La querella adhirió a los propuestos y agregó un interventor del club deportivo. Por su lado, la defensa sumó otros 12 testigos, entre los que se encuentran el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y el ex ministro de Hacienda, Eloy Horcajo. Los demás, en su mayoría trabajaban en la cartera deportiva.

Respecto a la prueba documental, Rubio hizo cuestionamiento a 60 transferencias que a su criterio no fueron al SLFC y pidió insistir en el acceso a los expedientes que las originaron. Sin embargo, esto fue desistido por Banó debido a que ya finalizó la etapa de la investigación penal preparatoria. 

La jueza ordenó la apertura a juicio y ahora el Colegio de Jueces tendrá 60 días para fijar una fecha.