El Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva para Diego Torres, quien se encontraba en libertad. Argumentó que con el avance de la investigación su situación se agravó, y está involucrado en la confección de cheques que se emitieron desde el Molino para concretarse el desvío de fondos.

Por los hechos la ex diputada Anabela Lucero está detenida en el Servicio Penitenciario Provincial, junto a su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado, Exequiel Scarel. A la dirigente albertista la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita, junto al diputado Joaquín Beltrán.

La Justicia confirmó una nueva detención en la causa donde está involucrada la ex diputada Anabela Lucero. (Foto: Nahuel Sanchez)

El juez Santiago Ortiz dispuso el arresto de Torres e hizo lugar a la prórroga de detención hasta el 1 de octubre.

El fiscal José Olguín fundamentó la prisión preventiva en el avance de la investigación y evidencia que agravó la situación de Torres. Señaló la gravedad de la imputación y la posibilidad de entorpecimiento: “Para la gente (los testigos) no es lo mismo que esta persona, a esta altura de la causa, esté o no detenida”.

Puntualizó sobre las personas, cuyos nombres habrían sido utilizados para falsificar cheques. Según indicó, se trata de gente de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad económica que podría ser intimidada o inducida no solo por Torres, sino por el resto de los acusados.

Sobre la participación, el fiscal sostuvo que está involucrado “prácticamente en todos” los actos investigados. Enumeró que tenía intervención en la administración del Molino, que habría participado en la destrucción de evidencia y que era señalado por otros trabajadores como una de las personas que manejaba la institución y tenía poder de decisión más allá del cargo que ocupaba.

También afirmó que varios involucrados señalaron que era Torres quien entregaba y manejaba los cheques.

Pedido de libertad para Anabela Lucero

Casi de manera simultánea, en el Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial, las defensas de la ex diputada Anabela Lucero, de su hermano, Enzo Torres, y de su cuñado, Exequiel Scarel plantearon un recurso de revisión de la prisión preventiva que cumplen desde el pasado 24 de agosto.

Esa medida fue ratificada el 16 de septiembre por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, y este miércoles los abogados de los tres imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia insistieron con el pedido de inmediata libertad de los detenidos, es decir la revocatoria del encarcelamiento que fue ordenado por dos meses.

Durante más de tres horas los jueces Marcelo Bustamente Marone, Hernán Herrera y Cintia Martín escucharon el planteo de los abogados, y comunicaron que iban a resolver al final del día.

En los tres casos los letrados referenciaron las circunstancias de arraigo, y fundamentaron las situaciones particulares que hacen necesario el regreso de los acusados a su contexto familiar. De Scarel señalaron un problema de salud que afronta uno de sus hijos, y su responsabilidad laboral en la provincia de Mendoza. Sobre Enzo Lucero aportaron el trabajo que realiza en una panadería donde cobra $1.600.000.

Requirieron que se individualice de manera concreta cuál es el riesgo procesal, y cuestionaron que el Ministerio Público Fiscal en ningún momento analizó ninguna medida alternativa que evitara el encarcelamiento.

Los representantes de Anabela Lucero señalaron que “es el único sostén de sus dos hijas”, y que una de ella “está presentando problemas de salud” porque no esta junto a su madre. Que además son quienes se encargan de atender el pelotero de donde salen los recursos económicos para mantenerse, y afrontar estudios universitarios. Además hicieron cuestionamientos a las evidencias que acumula el Ministerio Público Fiscal en contra de la dirigente albertista. Defendieron que “nunca fue funcionaria”, sin embargo, la Fiscalía tiene probado que en el Molino Fénix montó su campaña política cuando se postuló para intendenta de Villa Mercedes.

Al final propusieron medidas de coerción morigeradas, como la prohibición de acercamiento a personas y lugares, la salida de la provincia (a excepción de Scarel por su relación laboral en Mendoza) y del país sin autorización judicial y una caución real (una garantía económica de que van a cumplir con las órdenes judiciales): Scarel un auto que vale 15 millones, Enzo Lucero uno cotizado en 17 millones, y Anabela Lucero uno que vale 40 millones. De manera subsidiaria requirieron la aplicación de la prisión domiciliaria.

El fiscal José Olguín defendió que los argumentos que fundamentaron el pedido de coerción ya fueron detallados ante el juez de Garantías, y también se explicó por qué no se dictaron las medidas morigeradas. Dijo que la situación de los acusados empeoró con el avance de la investigación, y que inclusive hay más detenidos.

Consideró que hay pruebas pendientes, como por ejemplo informes bancarios, y fundamentalmente apuntó a los testigos que “están apareciendo y que deben tener la tranquilidad y seguridad” a la hora de declarar. Quieren evitar que sean influenciados. Se refirió a las personas que fueron usadas para sacar el dinero del Molino Fénix: “Cobraban cheques a nombre de otras personas”, dijo Olguín, y no descartó “posibles detenciones”.

Señaló que la investigación se encamina a un juicio oral con un pedido de una pena importante.

Describió que la actitud permanente de los acusados fue siempre la de destruir evidencia y evadir a la Justicia. Recordó la dificultad de la Policía para ubicarlos y notificarlos de la audiencia de ampliación de formulación de cargos, y cuando llegó el día presentaron certificados y no concurrieron, hasta que se vieron en el peligro de ser traídos por la fuerza pública.

Hizo referencia al borrador de la información del teléfono de Anabela Lucero y de Joaquín Beltrán, que se hizo de manera remota (cuando los aparatos estaban incautados), y que está certificado por un perito informático. También repasó el uso personal que le dio a las instalaciones del Molino Fénix, y los testimonios que la describen como la persona que impartía las órdenes en ese organismo público.

En representación de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, pidió que se ratifique la preventiva “que ni siquiera se ha cumplido con el plazo establecido”, y que no hay otra medida que garantice el proceso.