Después de haber aceptado su responsabilidad en una organización criminal que traficaba drogas, lavaba dinero y contaba con protección penitenciaria, Rafael Dante Churquina se arrepintió y presentó una nota manuscrita en la que desistía del juicio abreviado. El cabecilla de la banda narco que operaba desde la cárcel de San Luis enfrentará un juicio oral el 18 de agosto, junto a Efraín Cortez y Daniel Becher, los otros dos acusados que no aceptaron el procedimiento abreviado.

El hecho se conoció en las primeras horas del 1° de septiembre de 2023 a partir de un procedimiento que encabezó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la noche anterior en Jujuy. La fuerza de seguridad nacional interceptó a tres miembros de la organización con 5264 gramos de cocaína que tenían como destino San Luis.

La banda liderada por Churquina actuó con impunidad desde una celda durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que tuvo como ministro de Seguridad a Claudio Latini, ahora imputada por corrupción, y como jefe del Servicio Penitenciario a Segundo Giménez.

La estructura de la banda quedó expuesta durante la audiencia realizada el 2 de julio en el Tribunal Oral Federal, donde el fiscal Cristian Rachid reconstruyó cómo se distribuían los roles dentro de la organización. En esa audiencia, Churquina y otros siete implicados aceptaron su responsabilidad, la calificación de los hechos y las penas impuestas.

“Yo soy totalmente responsable de la organización. Hay personas que realmente no participaron en mi negocio y tengo que hacer(me) cargo de mi error”, dijo entonces el líder criminal ante Carelli.

Rafael Dante Churquina.

Sin embargo, días después presentó una nota de puño y letra donde desistía del proceso abreviado. Y además, cambiaba su defensor por uno oficial.

Tras esa audiencia, el juez Federal de Mendoza homologó el acuerdo de juicio abreviado y el jueves dictó sentencia contra siete de los implicados, con penas de hasta seis años de prisión, fuertes multas económicas y decomisos millonarios.

Las condenas y los roles

| Marcelo Manuel Leyes recibió la pena más alta: 6 años de prisión y una multa de $2.400.000. Fue considerado coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado, por haber intervenido junto a tres o más personas organizadas.

Marcelo Manuel Leyes.

| Lorena Beatriz Ramallo fue condenada a 4 años de prisión y una multa de $1.889.000 como partícipe secundaria en el transporte de estupefacientes, en concurso real con lavado de activos, donde se la consideró partícipe necesaria.

Lorena Beatriz Ramallo.

| Milagros Selene Simioli Inzirillo recibió 3 años y 6 meses de prisión y una multa de $1.687.000, bajo la misma calificación que Ramallo: partícipe secundaria del tráfico y partícipe necesaria en el lavado de dinero.

Milagros Selene Simioli Inzirillo.

| Lucrecia de los Ángeles Valdez fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión condicional, con una multa de $1.500.000, también por lavado de activos como partícipe secundaria. Deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, capacitarse y realizar trabajos comunitarios en la Parroquia Santa Rita de Casia.

Lucrecia Valdez.

| Javier Arnaldo Martirania recibió 2 años y 3 meses de prisión condicional y una multa de $1.400.000, por lavado de activos en calidad de partícipe secundario. También deberá fijar domicilio y realizar tareas comunitarias en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Villa Mercedes.

Javier Arnaldo Martiranía.

La protección desde dentro del penal

El juez Carelli también condenó a dos agentes que formaban parte del Servicio Penitenciario Provincial. Según la investigación, ambos facilitaban la actividad delictiva de Churquina desde su lugar de detención.

| Jorge Ángel Orozco recibió 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. Fue condenado por cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos delitos en calidad de autor.

Jorge Ángel Orozco.

| Mario Andrés Ojeda recibió 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua, bajo la misma calificación legal que Orozco.

Mario Andrés Ojeda.

Decomisos y multas millonarias

La sentencia también dispuso el decomiso de bienes vinculados al accionar de la organización, entre ellos vehículos de alta gama, más de 1,8 millones de pesos en efectivo, dólares, cheques, máquinas de contar billetes, teléfonos celulares, y otros objetos de valor. Se dejó constancia de que podrán reclamarse derechos de terceros sobre los bienes incautados.

Además de las penas privativas de libertad y las multas impuestas a cada uno, todos los condenados deberán pagar las costas del juicio y una tasa de justicia, bajo apercibimiento de una sanción económica si no cumplen en el plazo fijado.

por Antonella Camargo