El peritaje en los teléfonos de la ex diputada albertista, Anabela Lucero; su pareja y actual dioutado, Joaquín Beltrán; su hermano, Enzo Lucero; su cuñado, Ezequiel Scarel y Diego Torres ordenado por el juez Santiago Ortiz hace poco más de diez días no se puede concretar porque la defensa de los imputados apeló la resolución.

Pasaron ocho meses desde que la Justicia Provincial ordenó los allanamientos en las propiedades de los cinco ex funcionarios, y dirigentes del PJ de Alberto Rodríguez Saá (el 15 de noviembre de 2024). En este tiempo la Fiscalía logró que los involucrados fueran imputados (el 14 de marzo de 2025) por hechos de corrupción cometidos dentro del Molino Fénix donde se desempeñaron en diferentes roles. Pero en el camino la defensa de los acusados hizo planteos que fueron dilatando el proceso. Inclusive la primera audiencia se suspendió dos veces.

Anabela Lucero y Beltrán están acusados (en calidad de autor) de peculado (sustracción de elementos, y uso de las personas que trabajaban en el Molino Fénix, de las instalaciones y de vehículos), administración fraudulenta (uso de bienes y fondos, transporte de personas, pago de seguros en lugares donde funcionaban sus sedes partidarias cuando fue candidata a intendenta de Villa Mercedes), malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Anabela Lucero y Joaquín Beltrán el día que allanaron un salón de fiestas de su propiedad.

También hubo dos intentos de los principales acusados para recuperar los teléfonos celulares. En concreto, los abogados de Lucero y Beltrán hicieron una férrea oposición para que los dispositivos sean controlados. Todos son marca iPhone. Pero no les hicieron lugar al requerimiento. Aunque también intentaron que la audiencia del 21 de julio (donde iba a resolverse el pedido de las pericias) se suspendiera, el juez Ortiz autorizó que el procedimiento se haga sobre los aparatos de los cinco imputados. Y además, en el de otras dos personas que fueron involucradas en un primer momento, y que lo entregaron voluntariamente: Sebastián Fernández y Mariela Dutto.

Pero además, los imputados no quieren proporcionar sus claves, lo que hará un poco más lento, y engorroso el procedimiento. Por esto, muy posiblemente, los teléfonos tengan que ser desbloqueados en San Luis, o van a tener que pedir colaboración en las provincias de La Pampa o Buenos Aires.

Para el análisis tendrán en cuenta el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2023 y el 26 de diciembre de 2024. Para la defensora oficial Cecilia Mithiaux ese tiempo es excesivo.

Entre los puntos de la pericia, es decir qué van a buscar están: los registros de llamadas entre las personas sospechosas, fundamentalmente en redes sociales, mails mensajes, fotos y videos intercambiados entre ellos y en relación, fundamentalmente, a la formulación de cargos.

Se dejó en claro que puede pedirse una “ampliación de pericia”. También que no se extraerá información de comunicaciones con terceras personas a los fines de preservar el derecho a la intimidad.

El intercambio de archivos, que más interesa, es aquel que contengan estados contables y rendiciones de cuentas relacionadas a la administración del complejo Molino Fénix.

Fue en esta misma audiencia que el nuevo abogado particular de Beltrán, Gabriel Bracco pidió otra vez que le entreguen el aparato a su defendido. Ortiz lo negó y expuso que debe ser objeto de pericia “con los límites que establecerá el Tribunal”.

Ejercen la defensa de la ex diputada provincial y los otros cuatro imputados, la Defensoría oficial N° 3, representada por Mithiaux y Noelia Páez; y la Defensoría Oficial N° 1, de Silvia Morán y Ximena Bertoli.

Por ahora hay que el Tribunal de Impugnación resuelva la apelación. Las defensas, según se supo la semana pasada, ya habían oficializado el pedido.

No es la primera vez que este Tribunal tuvo que intervenir. Primero rechazó el recurso que presentó Beltrán para que la denuncia que lo puso en el banquillo de los acusados fuera anulada. Es la presentación que hizo un funcionario del Gobierno actual cuando se encontró con el Molino Fénix vacío. Fue el puntapié inicial de una causa que investiga delitos de corrupción.

“La denuncia, en el marco de los delitos de acción pública, constituye un acto de notificación y no una pieza probatoria en sentido estricto. Su finalidad es poner en conocimiento del ministerio Público Fiscal la posible comisión de un hecho delictivo, habilitando así el ejercicio de su obligación legal de promover la acción penal”, dijo el Tribunal entre sus fundamentos. Tampoco encontró como motivo un perjuicio concreto que afecte el ejercicio efectivo del derecho de defensa de Beltrán.

La audiencia donde se resolvió hacer los peritajes en los teléfonos de los cinco imputados.

Después, el Tribunal, también resolvió cuando hicieron planteos sobre la formulación de cargos, y pedidos en la revisión de las medidas de coerción. Los jueces no hicieron lugar y las imputaciones quedaron firmes.

El detalle de los teléfonos que van a peritar

Anabela Lucero. Un teléfono celular marca POCO (de uso en el salón de fiestas de su propiedad ubicado sobre calle San Martín, en Villa Mercedes). Un teléfono personal iPhone 14 pro max color lila. Una notebook marca MACBOOK APPLE color gris.

Joaquín Beltrán. Un teléfono iPhone 15 pro max color gris.

Enzo Lucero. Un teléfono iPhone y una notebook marca Samsung.

Diego Torres. Un teléfono Iphone 13 pro max de color negro. Un teléfono celular SAMSUNG de color gris. Una computadora de Gobierno ‘Conectar igualdad’. Una notebook HP. Un CPU marca TECNOFRIED color negro.

Exequiel Scarel. Un teléfono Iphone 15.

Sebastián Fernández. Un teléfono iPhone 14 plus.

Mariela Dutto. Un teléfono celular marcha XIAOMI color celeste.

El 25 de junio el juez Ortiz hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y prorrogó el plazo por cuatro meses más la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP). El fiscal Olguín explicó que con la incorporación de nuevas evidencias se podría realizar una nueva formulación de cargos y eventualmente una sola acusación fiscal.

por Catalina Ysaguirre